Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso

Germán López

Mientras el Presidente se codea con los poderosos del mundo y se entrega en Davos a sofisticadas disquisiciones sobre la teoría económica, puertas adentro la política argentina transcurre con otras urgencias y bastante menos glamour. A una semana del inicio de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó su recorrida por las provincias para asegurarse los votos necesarios que permitan aprobar en el Senado el proyecto de modernización laboral, que ya cuenta con dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo.

El balance preliminar de esa gira ofrece, para el oficialismo, un panorama razonablemente favorable. Entre los gobernadores se distinguen al menos tres grupos: quienes ya expresaron un apoyo explícito; los que se muestran dubitativos pero con inclinación a no bloquear el avance del proyecto; y los mandatarios de Provincias Unidas, un espacio sin posición unificada pero que, en términos conceptuales, tiende a coincidir con los lineamientos de la reforma impulsada por la Casa Rosada.

En el extremo opuesto se alinean seis gobernadores peronistas que, en sintonía con la CGT, anunciaron desde hace tiempo su rechazo cerrado a la iniciativa. Para el Gobierno, sin embargo, lo central pasa por garantizar en el recinto los 37 votos necesarios que habiliten el tratamiento y aseguren la aprobación.

En los despachos oficiales se muestran confiados en que el periplo de Santilli rendirá frutos en el tablero de la votación, sumando además el respaldo de la UCR, el PRO y los senadores provinciales dialoguistas. La expectativa es alcanzar la media sanción el 11 de febrero. En Diputados, en cambio, el escenario aparece más incierto: allí la fragmentación de bloques anticipa una oposición más áspera.

ENDURECIMIENTO DEL DISCURSO

La semana que pasó mostró también un endurecimiento del discurso del sindicalismo peronista. El ala más confrontativa comenzó a ganar protagonismo, alentando una movilización y un eventual paro. En paralelo, dos de los tres secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, buscan convencer a los gobernadores de no acompañar el proyecto, con la intención de reforzar su posición en la negociación con el Gobierno.

La central amenaza, además, con judicializar los puntos que considera más cuestionables del extenso texto de 200 artículos: la ampliación del concepto de servicios esenciales -que limita el derecho de huelga para algunas actividades- y la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones.

En ese clima reaparecieron referentes de la vieja guardia sindical, como Luis Barrionuevo, que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano. El inoxidable líder gastronómico vaticinó que la reforma “no sale” y llamó abiertamente a resistir.

Santilli intensificó sus recorridas por las provincias para tratar de asegurarse votos

En ese escenario también irrumpió Hugo Moyano, reclamando la reapertura urgente de la paritaria de Camioneros y cuestionando la “licuación salarial estructural” que, según advierte, generan los acuerdos de largo plazo promovidos por el Gobierno.

El planteo implica un desafío directo a la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, justo en el momento en que se discute la reforma y en el que el gobierno necesita doblegar una inflación que vuelve a encresparse.

Así, la escena previa al debate se va recalentando. Axel Kicillof, buscando posicionarse en la interna peronista, acompaña decididamente el reclamo de la central obrera contra la reforma. Todo indica que, llegado el día, la CGT y sus aliados pondrán toda la carne a la parrilla frente al Congreso para tratar de contrarrestar en la calle lo que parece será un nuevo triunfo legislativo del gobierno.

UN RÉGIMEN OBSOLETO

Sin embargo, aunque no lo admitan públicamente, amplios sectores del sindicalismo reconocen que el actual régimen de relaciones laborales -incluida la negociación paritaria- ha quedado obsoleto y fomenta una litigiosidad que castiga especialmente a las pymes, principales generadoras de empleo y con menor acceso a estructuras jurídicas sofisticadas. De hecho, la comisión técnica del Senado, organizada para analizar críticas y sugerencias al proyecto, hasta el viernes no había recibido ninguna objeción o propuesta de parte de la CGT ni de otros espacios gremiales. Una señal de que el camino elegido es el conflicto.

La confrontación con el Gobierno cumple, además, una función política: unifica lo que hasta ayer estaba disperso, aplaca internas y le da al peronismo, hoy en estado casi catatónico, una causa común a la cual aferrarse. Llevar la protesta a la calle aparece como un intento de construir un hito de resistencia.

La CGT perdió ascendencia social y ya no logra convertir la protesta en mayoría

Del otro lado, el oficialismo apuesta a tramitar la reforma sin estridencias. Esta vez, las cartas no parecen jugar a favor de la oposición: febrero es un mes atípico para las grandes movilizaciones, el antecedente del 8 de diciembre fue poco alentador y las encuestas siguen sonriéndole a Javier Milei, que navega con relativa calma entre la acumulación de reservas del BCRA, la baja del riesgo país, el escándalo de la AFA y un escenario internacional que le sirve de vidriera.

La CGT amenaza y no parece tener mucho más para ofrecer: carece de conducción política, perdió ascendencia social y ya no logra convertir la protesta en mayoría. El peronismo, reducido a espectador, le transfiere su liturgia callejera como último recurso identitario.