El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente

En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Este fin de semana, esa presión escaló de manera abrupta con la captura del presidente Nicolás Maduro, como parte de lo que el propio Trump calificó como “un ataque a gran escala” contra el país.

Pocas personas sienten simpatía por Maduro. Su régimen es antidemocrático y represivo, y Naciones Unidas ha documentado más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias contra opositores. Maduro robó las elecciones presidenciales del año pasado y provocó una crisis regional al forzar la migración de casi ocho millones de venezolanos. Sin embargo, la historia reciente demuestra que los intentos de Estados Unidos por derrocar gobiernos, incluso profundamente autoritarios, suelen empeorar la situación. Afganistán, Libia e Irak son ejemplos claros, al igual que múltiples intervenciones en América Latina.

Trump no ha ofrecido una justificación coherente para sus acciones. Está empujando a Estados Unidos hacia una crisis internacional sin autorización del Congreso, como exige la Constitución. Sin esa aprobación, sus actos violan la ley estadounidense. La explicación oficial —la lucha contra supuestos “narcoterroristas”— resulta poco creíble: Venezuela no es un productor significativo de las drogas que hoy golpean a Estados Unidos, y buena parte de la cocaína que sí circula se dirige a Europa. Además, Trump indultó recientemente a un exmandatario extranjero condenado por narcotráfico, lo que debilita aún más su argumento.

Una motivación más plausible surge de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que el gobierno reivindica la Doctrina Monroe y el derecho de Estados Unidos a reafirmar su preeminencia en el hemisferio occidental. Venezuela parece ser el primer caso de aplicación de este enfoque, que carece de legitimidad internacional, autoridad legal y respaldo interno. Ese precedente ofrece munición a potencias autoritarias y revive los errores que condujeron a la invasión de Irak en 2003.

Trump había criticado en el pasado la extralimitación militar y prometido no iniciar nuevas guerras. Hoy está abandonando ese principio sin base legal alguna. Ni siquiera cuenta con los pretextos jurídicos que invocaron administraciones anteriores. El debate en el Congreso no es una formalidad: es una herramienta democrática esencial para frenar el aventurerismo militar y exponer sus debilidades. No es casual que incluso legisladores republicanos hayan expresado su escepticismo y promovido límites a la acción militar en Venezuela.

Las acciones del gobierno también violan el derecho internacional. Los ataques a embarcaciones sospechadas de traficar drogas han causado muertes sin debido proceso, en contradicción con los Convenios de Ginebra y la legislación estadounidense. Como ha señalado un exabogado militar, lo que distingue a la guerra del asesinato es la ley.

Más allá de lo jurídico, la intervención tampoco responde a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Venezuela es un país grande, complejo y frágil. La captura de Maduro no elimina a los actores armados que sostienen al régimen ni garantiza una transición democrática. Por el contrario, existe un alto riesgo de mayor violencia, desestabilización regional, impactos en los mercados globales y nuevas olas migratorias.

No hay soluciones fáciles para la tragedia venezolana, y la historia reciente debería haber dejado claro los riesgos del cambio de régimen impuesto por la fuerza. Tememos que el resultado del aventurerismo de Trump sea un mayor sufrimiento para los venezolanos, más inestabilidad regional y un daño duradero a los intereses de Estados Unidos. Al menos una cosa es segura: este ataque es ilegal.

Dato: la nota es un extracto del amplio editorial publicado por The New York Times.