Freno judicial a los aranceles de Trump: qué cambia para Argentina

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles generales impulsados por Donald Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) reconfigura el escenario comercial bilateral y obliga a la Argentina a recalcular sus ventajas en el mercado norteamericano.

La sentencia estableció que la potestad para fijar aranceles corresponde al Congreso y que el Ejecutivo no puede imponer tributos de alcance general sin control parlamentario. El pronunciamiento impacta de lleno sobre el esquema que había permitido a la administración Trump aplicar aranceles recíprocos del 10% —y en otros casos mucho más altos— como herramienta de presión económica y geopolítica.

Se diluye el diferencial frente a Brasil

Para la Argentina, el efecto inmediato es la pérdida de una ventaja relativa. El reciente acuerdo comercial había garantizado arancel cero para más de 1.600 posiciones arancelarias y un tope del 10% para el resto. Ese esquema colocaba al país en una posición favorable respecto de competidores regionales.

Brasil, por ejemplo, enfrentaba un arancel general del 50% en determinados productos, lo que generaba un diferencial competitivo claro para exportadores argentinos. Con la decisión de la Corte, ese esquema pierde sustento legal.

Desde el sector privado reconocen que “parte del diferencial de aranceles con Brasil se diluye”. La discriminación positiva que el acuerdo había logrado en el corto plazo pierde fuerza, especialmente en sectores sensibles como acero y aluminio, donde el acceso preferencial podía inclinar decisiones de inversión y abastecimiento.

Un análisis de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtió que el compromiso central de Estados Unidos —reducir del 10% al 0% el arancel recíproco para 1.675 posiciones— queda virtualmente invalidado, ya que ese mismo arancel fue declarado ilegal por la Corte.

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Seguridad jurídica e inversiones

Más allá del impacto arancelario inmediato, el fallo introduce un factor de incertidumbre en la política comercial estadounidense. Ahora deberá intervenir un tribunal inferior para ejecutar la sentencia, y no se descarta que el Congreso busque nuevas herramientas para restablecer barreras comerciales.

El costo fiscal potencial para Estados Unidos también es significativo: se estima que podrían devolverse hasta USD 133.000 millones a importadores que pagaron aranceles bajo el esquema ahora invalidado.

Para la Argentina, el capítulo de inversiones del acuerdo bilateral no estaría en riesgo. Según especialistas en comercio exterior, uno de los principales beneficios del entendimiento era la mayor previsibilidad para proyectos productivos en ambos países. Ese componente seguiría vigente, aunque el atractivo comercial inmediato se reduzca.

En el mediano plazo, la clave será si Washington opta por restablecer niveles arancelarios previos o diseña un nuevo esquema avalado por el Congreso. La respuesta definirá el grado de estabilidad para exportadores argentinos.

La cuota de carne, fuera de discusión

En este nuevo escenario, el sector ganadero encuentra un punto de estabilidad. La ampliación de la cuota de exportación de carne bovina —80.000 toneladas métricas— fue negociada por fuera del esquema de reciprocidad general y no formaba parte del texto central del acuerdo comercial.

Por ese motivo, fuentes vinculadas a la negociación aseguran que la cuota “no está en duda y sigue en marcha”. Para la Argentina, este punto es estratégico: el acceso preferencial al mercado estadounidense para la carne representa uno de los principales logros comerciales recientes.

Un límite al uso político de los aranceles

El fallo también tiene una dimensión geopolítica. Durante su gestión, Trump utilizó la política arancelaria como herramienta de presión en conflictos vinculados a migración, seguridad y relaciones con terceros países. La Corte Suprema marcó ahora un límite institucional a ese uso discrecional.

El precedente obliga a que cualquier esquema arancelario general cuente con respaldo legislativo, lo que reduce la capacidad del Ejecutivo para aplicar medidas rápidas con fines extracomerciales.

Un escenario abierto

Para la Argentina, el impacto es mixto: pierde una ventaja arancelaria relativa frente a competidores regionales, pero mantiene intacta la cuota de carne y el capítulo de inversiones. Al mismo tiempo, se abre un período de incertidumbre hasta que se definan los próximos pasos en Washington.

El Gobierno y el sector privado seguirán de cerca la evolución legislativa en Estados Unidos. De cómo se reconfigure la política arancelaria dependerán las condiciones de acceso al principal mercado del mundo y el atractivo para nuevas inversiones bilaterales.

En definitiva, el fallo no rompe la relación comercial, pero sí modifica las reglas del juego y obliga a recalibrar la estrategia exportadora argentina frente a un socio clave.