El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate

El Gobierno envió ayer al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil. La intención oficial es que esta semana sea debatido en comisiones (el miércoles sería lo ideal para La Libertad Avanza en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto) para llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados el próximo jueves (está por verse si lo logran).

El documento es el mismo que envió el año pasado y que llegó a tener dictamen. El punto principal del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad. Al igual que en ese momento, el proyecto establece bajar de 16 a 13 años la edad. Sin embargo, parecería poco probable que se acuerde ese piso con el resto de los bloques porque la discusión previa viene álgida.

“Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”, se escuchó entre los referentes de los bloques de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR. La verdad es que si sale el dictamen mañana lo que se espera en el mundo político es que se establezcan 14 años como piso.

EL FINANCIAMIENTO

Por otro lado, en la reunión de los presidentes de los bloques con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, realizada recientemente, se aclaró otro punto que estaba en conflicto en el proyecto anteriormente enviado: el financiamiento.

Es que el proyecto original no contaba con fondos establecidos ni tampoco están presentes en el Presupuesto 2026, ya votado. Sin embargo, Menem les anticipó que en este caso sí iban a estar contemplados. Así quedó establecido en el artículo 51º de la iniciativa, bajo el título de Asignación Presupuestaria. El proyecto de detalla un monto específico: $23.739.155.303,08 para su implementar la reforma, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y cuánto a la Defensoría General de la Nación.

Para los delitos menores, se contemplan penas no privativas de libertad

El texto de la norma mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Asimismo, se establece un régimen penal juvenil distinto al de adultos, con penas máximas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

“El objetivo que señala el proyecto es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes y busca evitar que redes criminales utilicen a menores, quienes hoy son inimputables antes de los 16 años”, explican los defensores violetas de la iniciativa.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD

En lo que se refiere al proceso penal, en el caso de los menores hasta 15 años el juez puede determinar medidas de privación de libertad en casos graves, pero se busca priorizar la resocialización. Para los delitos menores, se contemplan penas no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño.

Otro punto que se debatió durante el año pasado -y que es probable que vuelva a ser una modificación en este proyecto- es el de la pena máxima.

En el dictamen alcanzado por el oficialismo y los bloques dialoguistas anteriormente se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Pero dando prioridad a las penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años.

Así, la privación de libertad solo se aplicaría como último recurso. Pero en el proyecto ideal del Gobierno, más duro, se permitirían penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

INSTITUTOS ESPECIALES

El régimen penal juvenil del Gobierno también establece la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica, psicológica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debería estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

En este punto se centra el debate de los fondos que el Gobierno ahora saldó con la posibilidad de hacer acuerdos provincias-Nación para el envío de partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Por el lado de las víctimas, el proyecto cuenta con el establecimiento de derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.