Evitar que haya un auge de casos de trata de blancas

El resultado de una investigación realizada sobre trata de personas en una zona cercana al centro de La Plata, que derivó en el rescate de ocho mujeres adultas que eran explotadas sexualmente, volvió a plantear la necesidad de que desde el Estado y con el concurso de la sociedad se impulsen acciones que resulten eficaces para combatir este recurrente delito.

Tal como se informó en este diario, la acción fue encarada, en la instancia policial, por la superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con la conducción judicial de la UFI Nº 1 de La Plata a partir de una denuncia telefónica en la que se denunciaba la presunta existencia de un prostíbulo en una zona de diagonal 80 a la altura de la avenida 38.

Según aquel aviso, en el lugar habría varias mujeres mayores de edad que estarían siendo explotadas sexualmente contra su voluntad, bajo la órbita de una “madama” de aproximadamente 35 años señalada como encargada de su reclutamiento.

A partir de esa información se inició la investigación que, mediante un allanamiento y con las pruebas colectadas, comprobó la veracidad de la denuncia. Durante el procedimiento fueron rescatadas ocho mujeres mayores de edad, siete de nacionalidad argentina -de entre 21 y 40 años- y una de paraguaya de 48.

Las mujeres fueron entrevistadas por personal especializado de la Dirección de Rescate. Según se informó, todas se encontraban en aparente buen estado de salud psicofísica, pese a la situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, a una más que palpable problemática de adicciones.

Corresponde señalar que el Estado se encuentra en deuda en lo que se refiere a una antigua iniciativa que impulsa la creación de un banco nacional de datos genéticos, que ayude a resolver casos de personas desaparecidas que pudieran haber sido víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual.

En un contexto social pauperizado, condicionado por carencias de toda índole, siguen proliferando numerosos prostíbulos que, por su carácter de “legalmente clandestinos”, no se encuentran sujetos a un mínimo control ni siquiera en relación a la posible presencia de menores. Algunos instalados en lugares céntricos, ejerciéndose en ellos una actividad tan ilegítima como denigrante para las mujeres que son, antes que protagonistas, víctimas de esa situación.

Debiera recordarse que un magistrado penal platense consideró recientemente que nuestra ciudad es una típica región de “destino”, hasta donde llegan, traídas por las redes de prostitución, mujeres de las provincias del norte y especialmente de países limítrofes, como Paraguay.

Es bien sabido que las mujeres son las que más sufren este problema, pues en muchos casos se les promete un trabajo lícito y luego son obligadas a ejercer la prostitución. En el caso de los menores de edad, se entiende que se comete el delito aun cuando existiera el consentimiento de la víctima. En los últimos años esta modalidad se ha visto notablemente agravada, a raíz del auge del denominado turismo sexual que tiene a los menores como objetos de este ignominioso tráfico.

Las características de este delito, que se basan especialmente en la captación y sometimiento de personas, a las que se las aparta de su radicación originaria, vuelve necesaria la disponibilidad de sistemas que –como el de un banco genético- puedan permitir la debida identificación de las víctimas, como punto de partida para su rescate social y su debida recuperación como sujetos de derecho.