La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar

A tres semanas del grave accidente que dejó a un niño de 8 años con heridas de extrema gravedad, la Justicia bonaerense ordenó suspender todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como La Frontera, en la ciudad de Pinamar. La medida alcanza a camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos, y apunta a frenar prácticas consideradas de alto riesgo.

La resolución fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, quien hizo lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

El fallo ordena el “cese inmediato” de las actividades motorizadas recreativas y prohíbe expresamente la realización de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias, incluso en sectores de titularidad privada. El magistrado fundamentó la decisión en el carácter riesgoso de estas conductas, que “dejan frecuentemente a niños como víctimas”.

En su resolución, el juez rechazó el argumento esgrimido por la Municipalidad de Pinamar, que sostenía no poder intervenir en predios privados. Por el contrario, remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ante “siniestros graves y muertes” que se repiten temporada tras temporada en ese sector. La prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio asegure una señalización adecuada, la correcta delimitación del área y una supervisión efectiva del lugar.

La decisión judicial se conoció mientras continúa siendo crítica la situación de Bastián Jerez, el niño que resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok. Desde entonces el menor permanece internado en terapia intensiva.

De acuerdo con el último parte médico, Bastián fue operado ayer por séptima vez en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. La intervención, cuyo resultado fue calificado como “satisfactorio”, se realizó con el objetivo de “optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

Su caso volvió a poner en el centro del debate los riesgos asociados a las actividades motorizadas en zonas de médanos y la responsabilidad del Estado en la prevención de accidentes que, año tras año, dejan víctimas graves.