Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales

Un nuevo escándalo sacude al PAMI tras la detección de prácticas médicas incompatibles por parte de un prestador que habría facturado volúmenes de atención imposibles de sostener en una jornada laboral normal. Auditorías internas revelaron que, en algunos casos, la cantidad de órdenes médicas electrónicas registradas equivaldría a entre 81 y 108 horas de trabajo en un solo día, una cifra materialmente irreal que encendió alarmas dentro del organismo.

Según los relevamientos a los que llegó Infobae, uno de los episodios más llamativos ocurrió en el área de gastroenterología, donde un prestador con apenas dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en solo cinco horas. Los auditores concluyeron que el volumen de prestaciones excede ampliamente la capacidad operativa declarada, lo que sugiere posibles maniobras de sobrefacturación o facturación de servicios inexistentes.

Las irregularidades no se limitaron a un solo sector. En cardiología también se detectaron patrones sospechosos, como la emisión masiva de órdenes médicas electrónicas por parte de profesionales contratados como personas físicas (en un caso, 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que sería una jornada que duró casi 110 horas), además de turnos asignados en el mismo horario para un mismo médico y paciente. Estas prácticas vulneran los criterios básicos de control, trazabilidad y verificación de las prestaciones médicas.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias por fraude, sobrefacturación, recetas electrónicas falsas y uso indebido de datos de afiliados. En numerosos registros, jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido consultas, tratamientos o medicamentos, lo que configura un posible perjuicio económico millonario contra la obra social de los jubilados.

Ante la gravedad de los hallazgos, las autoridades del PAMI avanzaron con denuncias penales por presunta defraudación contra la administración pública. Las investigaciones se encuentran en curso en la Justicia federal, mientras continúan los sumarios administrativos, las auditorías técnicas y la aplicación de sanciones a prestadores involucrados en las maniobras irregulares.

En paralelo, la conducción del organismo anunció un endurecimiento de los controles, con monitoreo permanente de la capacidad prestacional, uso obligatorio de herramientas digitales para el otorgamiento de turnos y cruces de datos para detectar desvíos. Desde el PAMI aseguran que el objetivo es cerrar los canales de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a la atención de los afiliados.