El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento

El Gobierno nacional prevé que el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos sea tratado por el Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzará el 1° de marzo. Aunque en la Casa Rosada lo consideran una iniciativa prioritaria, admiten que los tiempos técnicos y el calendario legislativo de febrero vuelven difícil su debate inmediato.

Fuentes de la mesa política oficialista reconocen que el cronograma de sesiones extraordinarias, atravesado por feriados y por una agenda cargada de proyectos, limita las posibilidades de avanzar con el tratamiento del convenio en el receso de verano. El canciller Pablo Quirno ya había definido el temario legislativo como “ambicioso”, en referencia a la cantidad de iniciativas que el Ejecutivo intenta impulsar en un período acotado.

El texto del acuerdo todavía se encuentra en proceso de traducción y revisión jurídica. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno evalúa si los tiempos permitirán enviarlo al Congreso en febrero o si quedará entre los primeros proyectos del nuevo período legislativo.

“Estamos terminando de analizarlo, porque estamos en el proceso de traducciones y de determinados tecnicismos que exige un acuerdo de estas características. Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias; si no, será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo”, afirmó.

Una agenda recargada

En el oficialismo admiten que febrero concentra debates complejos, como la reforma laboral, la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ese escenario reduce el margen para incorporar otro proyecto de alta complejidad técnica.

Fuentes legislativas señalan que el acuerdo con Estados Unidos todavía no ingresó formalmente al Congreso y que su estudio demandará un análisis detallado, similar al que ocurrió con otros tratados internacionales recientes. Por eso, consideran más probable que la discusión quede para marzo.

Implementación administrativa

Mientras se define el tratamiento parlamentario, el Ejecutivo evalúa avanzar con la aplicación de algunos aspectos del acuerdo mediante mecanismos administrativos que no requieren aprobación legislativa. Los equipos técnicos trabajan en decretos y resoluciones orientados a simplificar barreras no arancelarias y procesos de certificación.

La tarea involucra al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, enfocado en la eliminación de trabas burocráticas comprometidas durante la negociación con Washington.

El Gobierno plantea el entendimiento como una señal de alineamiento estratégico con Estados Unidos y una apuesta a atraer inversiones, especialmente en sectores vinculados a minerales críticos como el litio y el cobre. También contempla cooperación en investigaciones antidumping y resguardo de información comercial confidencial.

“Es un acuerdo para las veinticuatro provincias argentinas y los cuarenta y siete millones de ciudadanos”, sostuvo Adorni, quien afirmó que el convenio consolida una estrategia basada en la apertura comercial.

Desde la Cancillería remarcan que el tratado forma parte de una política más amplia de inserción internacional y anticipan que el Ejecutivo buscará nuevos acuerdos bilaterales en los próximos meses, en paralelo al debate legislativo que se abrirá a partir de marzo.