La Región en deuda con la calidad de los de los cursos de agua

En días recientes el Consejo de Químicos bonaerense advirtió sobre la necesidad de fortalecer la gestión ambiental en nuestra zona, en especial la integrada por las cuencas del arroyo El Gato, del Río Santiago en la zona portuaria y del Río de la Plata por ser cursos de agua que reciben desde hace años descargas de efluentes cloacales e industriales sin tratamientos previos, provenientes de diversos sectores. Asimismo, la entidad profesional reclamó a favor de la existencia de políticas de seguridad química.

El comunicado fue emitido en el contexto de un fallo de la justicia federal platense que ordenó trabar un embargo superior a los 157.000 millones de pesos contra el Estado bonaerense, en una causa vinculada a la contaminación del sistema hídrico que afecta a la Región por la falta de funcionamiento del tratamiento de efluentes cloacales.

Según señalaron los químicos, la situación que abordó la causa judicial pone en evidencia problemas estructurales vinculados al tratamiento de los efluentes y a la falta de ejecución de obras de saneamiento necesarias para revertir los procesos de deterioro ambiental que impactan especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada.

“Este escenario constituye una señal de alerta que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, la prevención de riesgos y la seguridad química en la Provincia de Buenos Aires”, señalaron.

Consideraron también que la planificación y ejecución de obras de saneamiento, el tratamiento adecuado de los efluentes y la consolidación de sistemas de gestión ambiental eficaces constituyen herramientas indispensables para revertir procesos de contaminación y evitar daños de gran escala.

Más allá de la decisión final que pueda adoptar la Justicia, ya que el fallo de primera instancia fue apelado por el Estado provincial –y por supuesto, sin que se pretenda afectar la soberanía de ese litigio. importa por lo pronto tomar conciencia de que se está frente a un problema pretérito que se vino agravando, con el paso de los años y el crecimiento del número de fuentes contaminantes. No hace falta mencionar la cantidad de resoluciones, dictámenes y testimonios científicos acerca de la elevada contaminación que vinieron registrando los distintos de agua en la zona.

Asimismo, también resulta digno de mención la creciente propensión de la Justicia –federal o provincial- por abordar las cuestiones ambientales. Hace pocos años solían rechazarse muchas de las denuncias que por cuestiones ambientales se presentaban ante distintos tribunales, restándoles personería a los que impulsaban esas acciones o, en algunos casos, llegando a alegárse que el tema carecía de interés público.

En lo concerniente a la cuestión de fondo, se encuentra en juego nada menos que la salud pública. Casi un millón de habitantes de la Región no deberían quedar sometidos a las consecuencias de consumir un agua que llega a sufrir altos niveles de contaminación orgánica y química. Por consiguiente, el Estado debería actuar de manera continuada en el mejor tratamiento de este recurso tan imprescindible.