En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos

Alejandra Castillo

alecastillo95@hotmail.com

Un buen día alguien se levanta, abre la canilla y descubre que no sale ni una gota de agua. Lo primero que imagina es un corte general por obras o por falta de luz, pero un rápido intercambio en el chat vecinal le aclara que el problema es solo suyo. Espera horas. Al día siguiente todo sigue igual. El plomero convocado de urgencia llega para darle la noticia: no es un problema local de la llave, es la presión. Si quiere volver a tener agua deberá instalar una cisterna con bomba, algo que nunca barajó porque en 30 años de residir en ese sector de barrio Hipódromo la presión nunca fue un problema. Le sorprende saber que en la cuadra ya casi todos lo hicieron. Y se indigna al confirmar que la solución le costará, por lo menos, medio millón de pesos.

Escenas como ésta se repiten en decenas de barrios platenses: Tolosa, Villa Castells, San Carlos, Villa Elvira, Gonnet, Los Hornos y la lista sigue.

La ausencia de presión y, a veces, del suministro, convive con denuncias por mala calidad del agua, fallas en las cloacas y pérdidas que convierten veredas en piletas durante días, mientras, dentro de las casas, las familias hacen malabares para cocinar, lavar y ducharse. Es entonces cuando en la organización de la vida cotidiana aparecen bidones, cambios de rutinas y paciencia, además de dinero.

Tarifas más altas

A todo esto se le suma el fastidio por subas en la tarifa de ABSA que muchos consideran injustificadas. Para este año la propuesta oficial incluía un aumento inicial del 40% y ajustes bimestrales del 4%, con segmentación según la valuación fiscal, pero, en la práctica, las boletas se han duplicado y más.

Ejemplos recientes muestran facturas que pasaron de 12.694 a 22.849 pesos, otras de 24.935 a 47.676 y proyecciones que elevan algunos montos por encima de 50.000 pesos mensuales, inclusive en los barrios donde el servicio es irregular desde hace décadas.

Este diario intentó contactarse con voceros de ABSA, pero no respondieron.

Quien sí lo hizo fue la Defensora Ciudadana de La Plata Luciana Bártoli, detallando que el año pasado gestionaron unos 70 reclamos contra la empresa y en 2026 ya son 25, casi el 10% del total de presentaciones que reciben por distintas cuestiones.

En lo que hace específicamente a esta temática, revela que los motivos son variados: “Pérdidas, baja presión, cloacas”.

Según Bártoli, aunque existen problemas puntuales atribuibles a llaves de paso o estrangulamientos de caños, la baja presión y las pérdidas han adquirido protagonismo porque implican un desperdicio del recurso y reducen el ingreso real de agua a los hogares. La defensoría impulsó pedidos de informe y reuniones de trabajo con ABSA, que reconoció falta de obras y mantenimiento insuficiente, como también un crecimiento poblacional sobre una estructura antigua.

Desde ese diálogo, asegura, se estableció un protocolo para abordar contingencias y se comprometió inversión en obras como el Acueducto Norte, aunque Bártoli advierte que esos fondos dependen de múltiples instancias y actores -provincia, Nación, préstamos internacionales-, muchos de los cuales aún no están completamente ejecutados.

En la audiencia pública de enero, previa a la habilitación tarifaria, la política también se hizo sentir. El diputado provincial Juan Osaba (La Libertad Avanza) cuestionó la falta de definiciones sobre el Acueducto Norte y subrayó la contradicción entre cobrar tarifas e impuestos y no garantizar que, al abrir la canilla, haya agua.

El plan hídrico provincial incluye una planta potabilizadora en Punta Lara, acueductos, estaciones de bombeo, cisternas y recambio de cañerías por más de $271.000 millones, con ejecución del Ministerio de Infraestructura y posterior administración por ABSA. Pero la oposición reclama plazos concretos y garantías de impacto real, especialmente para la zona norte, donde la falta crónica del servicio obliga a muchas familias a depender de bidones.

Mientras tanto, la consecuencia inmediata recae en los bolsillos y en la autonomía doméstica.

HABLEMOS DE COSTOS

Oscar, plomero con amplia clientela por problemas de agua, describe la mecánica: “Lo primero que hace cualquiera que tiene este problema es putear; no le queda otra que poner una cisterna, comprar bomba, tanque y colocarla. Si tiene lugar en el patio se pone sobre una base; si no, se entierra y sale más caro”.

Un tanque tricapa de 350 litros ronda los 156.000 pesos; el flotante, unos 50.000 y la bomba, otros 65.000. A estos materiales hay que sumarles otros que elevan el presupuesto a unos 400.000 pesos, sin contar la mano de obra, que puede agregar entre 200.000 y 300.000, si la instalación no implica una excavación. En tal caso el costo es superior.

La ausencia de respuesta pública también alimenta la frustración. En la órbita provincial, la Autoridad del Agua (ADA) -ente regulador encargado de planificar y controlar recursos hídricos- recibe críticas por parte de vecinos y organizaciones porque, según ellos, “no responde a reclamos y además avaló tarifazos que castigan a usuarios sin servicio de calidad”.

La Mesa Vecinal del Agua, conformada por referentes barriales afectados, reivindica además un diagnóstico de planificación urbana: “Se autorizó la construcción de barrios y edificios sin control; el sistema colapsa porque no se planificó”, sintetiza Eduardo Hache, referente de Tolosa. Hache aporta datos de presión doméstica que explican la urgencia: “Cada casa debería tener 10 metros de presión para que suba al tanque; pero en muchas no llegan a 1,4 o 0,7”.

Su lectura del problema abarca fallos judiciales que no se cumplen, una empresa “con poder” y obras de cañerías centenarias que solo ahora empiezan a ser reemplazadas tras movilizaciones vecinales.

“Los vecinos gastan de su propio peculio para poner una cisterna, porque mendigamos el agua y encima aumentan las tarifas. Convocan a una audiencia pública en la que la opinión de los vecinos no importa porque no es vinculante, y encima la hacen a las 10 de la mañana en el mes de enero. El que no estaba trabajando estaba de vacaciones y ni se enteró”, lamentó.

Los relatos de los frentistas ponen rostro a las cifras. Pablo, de 32 y 136 en La Cumbre, narra décadas de soluciones provisionales de su propio bolsillo, con bombas elevadoras, tanques en el techo, cisternas bajo piso y piletas que sirven para reutilizar agua.

“En verano el agua entra de a gotas durante la madrugada; si entra, hay que juntarla”, describe.

Marita, del barrio La Josefa, cuenta que allí recibe agua a medianoche y que gasta 80.000 pesos mensuales en agua mineral por temor a la contaminación por arsénico; denuncia además la falta de cloacas en zonas colindantes al hospital de Gonnet y al shopping en construcción, que, sin embargo, “sí obtuvo provisión y redes”, lamenta.

En muchas cuadras, la solución fue perforar pozos verticales cuyo costo ronda los 1.500 dólares, con el riesgo latente de contaminar napas en áreas sin saneamiento adecuado.

Cuadro de situación

El impacto sanitario y ambiental recibe otra mirada desde la academia. Un informe conjunto de dos facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicado hace un año, con una comparativa de datos censales de 2010 y 2022, revela que la cobertura de agua de red y cloacas en La Plata está por debajo de partidos similares: cuenta con 298.336 viviendas y 755.965 habitantes; el 88% tiene agua por red y el 68% está conectado a cloacas.

Entre 2010 y 2022 la población creció 16% y las viviendas 35%, mientras la cobertura de agua cayó 3,6% y la de cloacas, 2,5%. El estudio subraya la existencia de más de 40.000 hogares sin conexión ni cámara séptica, lo que implica la descarga directa de efluentes sin tratamiento (equivalente, según los investigadores, a 700 camiones atmosféricos vertiendo residuos). Esa realidad explica por qué muchos vecinos optan por soluciones domésticas de emergencia, con costos económicos, sanitarios y ambientales.

Frente a esta trama de reclamos, costos privados y promesas públicas, la pregunta que resuena en las calles platenses es simple: ¿quién garantiza el derecho al agua? Por lo pronto, las familias pagan “boletas con aumentos aumentos por un servicio deficitario, nos endeudamos para instalar sistemas propios o nos resignamos a la irregularidad”, lamenta Analía, de Ringuelet.