Doce Apóstoles: se cumplen cuatro años del motín más sangriento en Sierra Chica

Cuatro años atrás comenzó en Sierra Chica uno de los motines más sangrientos de la historia carcelaria argentina, por el que hoy son juzgados 24 presos, entre ellos la banda conocida como los "Doce Apóstoles".
La rebelión ocurrida en la Semana Santa de 1996 se extendió nueve días, durante los cuales ocho presos fueron asesinados por sus compañeros y casi una veintena de personas, entre ellas una jueza y su secretario, fueron tomados como rehenes.
El levantamiento de Sierra Chica alentó revueltas en otros penales bonaerenses y federales. Presos de las unidades de Olmos, Azul, Mercedes, Bahía Blanca, Batán, Junín, Devoto y Caseros, también organizaron huelgas y protestas.
El 7 de febrero último, los 24 acusados por el motín comenzaron a ser juzgados por un tribunal oral que fue instalado en la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero para evitar el traslado de los presos, considerados de alta peligrosidad.
Los imputados presencian las audiencias desde el interior de una "jaula" construida especialmente y a través de una pantalla de televisión, una modalidad inédita en la historia judicial nacional.
El 10 de abril próximo cada uno de los reclusos conocerá su destino, ya que los jueces estarán en condiciones de dictar la sentencia tras haber escuchado los alegatos de las partes y las últimas palabras de los imputados, previstas para la semana próxima.
El motín de Sierra Chica comenzó pasadas las 15 del sábado 30 de marzo de 1996, cuando un grupo de al menos seis presos armados intentó escapar del penal trepando por los muros.
Fue el guardia Walter Vivas quien advirtió la situación, se enfrentó con los presos y finalmente frustró la evasión.
A partir de ese momento, se generó en la cárcel un amotinamiento que no se detendría sino hasta nueve días después.
Los rebeldes no perdieron el tiempo y en pocos minutos tomaron como rehenes a ocho guardiacárceles, a un jefe penitenciario, a tres presos Testigos de Jehová y al médico del penal.
Pero lo que que hizo tambalear a las autoridades judiciales y penitenciarias fue cuando los cabecillas tomaron como rehén a la jueza penal de Azul María Mercedes Malere, quien había entrado al penal para negociar.
Malere y su secretario, Héctor Torrens, permanecieron cautivos hasta domingo de Pascuas de 1996, en el sector de sanidad de la cárcel.
El 1 de abril, otros cuatro penitenciarios engrosaron la lista de rehenes. Fue cuando los amotinados accedieron a canjear a dos guardias heridos por otros cuatro.
Pero la rebelión, que en un principio tuvo como único fin levantarse contra las autoridades, se desvirtuó con el correr de los días, cuando comenzaron a cobrar importancia las antiguas rivalidades y enemistades en el seno de la población carcelaria.
En sólo una mañana, cinco presos fueron asesinados por los cabecillas de la revuelta, mientras que otros dos corrieron las misma suerte en los días posteriores.
Un restante resultó herido a "facazos" y murió luego en el hospital de Olavarría, adonde había sido trasladado de urgencia.
Las víctimas no fueron elegidas al azar. La mayoría integraba una banda liderada por Agapito Lencina Aquino, a quien muchos presos le atribuyeron el rol de "buchón" del Servicio Penitenciario.
El destino de los cadáveres fue objeto de debate durante toda la investigación y el juicio oral. Según las pruebas recolectadas en la causa, siete de los muertos fueron descuartizados e incinerados en el horno de la panadería por los cabecillas de la revuelta.
Pero no faltaron en el juicio presos que se arriesgaron a revelar otra hipótesis: que algunos de los cuerpos fueron cocinados para alimentar a los reclusos y rehenes.
El motín terminó el 7 de abril. Luego de una extensa negociación, los amotinados entregaron el penal a cambio de ser trasladados a otras unidades.
Los cabecillas, conocidos como los "Doce Apóstoles", fueron recluidos en la cárcel federal de Caseros, de donde intentaron fugarse tiempo después, lo que les valió una condena judicial en noviembre del años pasado.
A cuatro años de la rebelión, los 24 acusados esperan tras las rejas conocer en pocos días la sentencia que dictará el tribunal oral a cargo del "telejuicio".
Desde el comienzo del debate supieron que su situación no era fácil. El fiscal de primera instancia, Jorge Bertucci, les imputó 23 delitos y pidió penas de entre cuatro años y medio de prisión y reclusión perpetua.