La Justicia embargó al yerno del rey en España

MADRID.- El juez que instruye el caso de corrupción en el que está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ordenó ayer el embargo efectivo de diferentes propiedades del yerno del rey de España, entre ellas la mitad del Palacete de Pedralbes de Barcelona.

Desde noviembre de 2011, la justicia española investiga a Urdangarin y su ex socio, Diego Torres, por haber desviado a paraísos fiscales millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, que fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos –entidad sin fines de lucro- para la organización de 5 eventos (Illes Balears Forum y Valencia Summit).

El caso está a cargo del juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, quien en enero de este año impuso una fianza de 8,1 millones de euros a Urdangarín y Torres, a los que acusa de apropiación indebida de fondos públicos. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Palma rebajó la fianza a 6.100.000 euros.

NO PAGARON

Sin embargo, ninguno de los dos imputados abonó el dinero, por lo que el juez ordenó embargar bienes de su propiedad para cubrir la fianza y hasta que finalice el juicio en su contra.

En el escrito judicial figuran 16 propiedades, siete de Torres y nueve de Urdangarín, entre ellas varios departamentos y el Palacete de Pedralbes de Barcelona, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina.

El embargo afecta la mitad de este inmueble que los miembros de la familia real compraron con un crédito de La Caixa de 6,3 millones de euros, además de haber recibido otros tres millones para su remodelación.

Desde hace meses que los duques de Palma quieren alquilar o vender la mansión de 1.000 metros cuadrados y valuada en 10 millones de euros.

LA INFANTA, COMPLICADA

De hecho, la infanta Cristina podría ser imputada en el “caso Nóos” por haber firmado un “contrato ficticio” de alquiler del Palacete de Pedralbes a su sociedad Aizoon, que comparte con Urdangarín y hacia la cual su marido desvió fondos apropiados indebidamente, según reveló hace unos días el diario El Mundo.

La infanta Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, había sido vocal en la junta de Nóos hasta 2006.

El juez Castro la había imputado el 3 de abril por tráfico de influencias.

A raíz de un recurso presentado por la fiscalía, suspendió esta decisión el 7 de mayo pero abrió a finales del mismo mes una investigación fiscal para estudiar un “posible delito contra la hacienda pública y/o de blanqueo de dinero” cometido por la hija del monarca y su esposo.

El magistrado pidió entonces “un informe sobre las cuentas corrientes que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia sea titular o aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular”.