Imputan a la madre de Cristina por presunto fraude al Estado

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a la madre de la ex presidenta Cristina Fernández y a directivos del Correo Argentino desde que se firmaron los convenios con la cooperativa “El Aldabón”, en una causa que podría también salpicar al empresario Franco Macri, padre del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Según el dictamen, Di Lello imputó a los responsables de la cooperativa y a sus integrantes, Fotios Cunturis y Ofelia Wilhelm, y a “los directivos y/o funcionarios del Correo Argentino que tuvieron participación en la celebración de los diferentes convenios entre la mencionada cooperativa y el órgano estatal”.

CON SUELDO

La madre de la ex pre sidenta figura en las actas como síndica de la cooperativa y, según contó el gremialista Cunturis en una entrevista radial, cobraba sueldo aunque luego pasó a ser !suplente”.

El Correo fue transformado en una sociedad anónima en 1993 y en 1997 fue cedido en concesión al grupo Socma, de Franco Macri, hasta que en 2003 la entidad fue estatizada por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner. El titular de la cooperativa y socio de la madre de Cristina afirmó que el primer convenio con el Correo se firmó con el grupo Macri, por lo que el fiscal Di Lello pidió que se investigue esa situación.

La cooperativa, que inició sus actividades en 1994, debía prestar al Correo el servicio de “finishing” de los envíos de Arba, es decir el “empaquetado, preparación y repartición de la correspondencia”.

La denuncia fue impulsada por la diputada Elisa Carrió, y el fiscal Di Lello pidió investigar “la simulación de una relación contractual entre una cooperativa que no opera como tal, el Correo Argentino y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con el consecuente desvío de fondos en detrimento del Correo Argentino por al menos 10 años”.

La denuncia de Carrió apuntaba a que “luego de la estatización del Correo Argentino se habría celebrado el convenio con El Aldabón Ltda. que implicaría una cuota de repartición de correspondencia, dado que el Correo subcontrataba a la cooperativa”. La diputada oficialista también dijo que “el valor del convenio citado sería de aproximadamente 61 millones de pesos tan solamente en cinco de los diez años de duración del contrato (entre 2011 y 2015), cobrando relevancia que la coopera tiva no estaba registrada como prestador oficial de correo y por tanto el Correo Argentino no podía subcontratarla”.

Además, dijo Carrió -según refleja Di Lello en su dictamen-, a Resolución 360/75 del INAC (actual INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) prohíbe expresamente a las cooperativas de trabajo la tercerización del trabajo por períodos tan prolongados y que se podría estar simulando la figura cooperativista como un mecanismo de evasión impositiva.

El caso habría sido investigado por el fiscal Carlos Stornelli luego de que le llamara la atención que la cooperativa, “sin licencia de operador postal, reclamara este año un pago de 61 millones y haya tenido el año pasado un nuevo contrato aprobado por 147 millones de pesos”.