Axel Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Un escándalo político de enorme repercusión y final incierto se generó entre Axel Kicillof y la Cámara de Diputados bonaerense. El Gobernador, en un hecho inédito, vetó varios artículos del presupuesto que se habían asignado los legisladores. Puntualmente, observó la forma en que los diputados querían que les llegaran los recursos: por goteo, tal como los reciben los municipios los giros de la coparticipación.

El Ejecutivo va derivando fondos en la medida que cuenta con disponibilidad, pero los diputados establecieron un mecanismo distinto, para asegurarse los recursos en forma diaria.

Las modificaciones realizadas por los diputados establecían un esquema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales, además de prever la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos para sancionar a los funcionarios que no cumplieran con la normativa.

Hasta ahora, esas transferencias se vienen realizando con el giro de partidas dispuestas por el ministerio de Economía.

El caso es que el gobierno de Kicillof puso el grito en el cielo y vetó cuatro artículos que establecían las nueva operatoria. “Lo que hizo Kicillof es inconstitucional; el artículo 94 de la Constitución establece claramente que el Presupuesto de ambas cámaras no pueden ser vetados”, cuestionaban fuentes de la Cámara baja.

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Desde el Gobierno sostenían que no era un veto total sino parcial. Y al mismo tiempo, disparaban munición gruesa sobre los legisladores. “El presupuesto no se tocó, lo que se vetó es ese mecanismo unilateral que instrumentaron para darse un privilegio por sobre los 17 millones de bonaerenses. “¿Con qué cara le van a explicar a docentes y policías que sus gastos no salariales son más importantes que los salarios?”, añadían.

La tensión generada por el Presupuesto de Diputados no parece desvinculada de la disputa a cielo abierto que Kicillof mantiene con La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. Estos dos últimos sectores controlan Diputados e impusieron autoridades (ahora preside Alejandro Dichiara) pese a los deseos del kicillofismo de encumbrar en la presidencia a Mariano Cascallares.

El polémico e inédito escenario dispara distintas especulaciones respecto de su posible salida. Anoche en la Cámara baja se analizaban dos opciones. La primera, judicializar la controversia planteando un conflicto de poderes que debería dirimir la Suprema Corte.

Es el camino más largo, por lo que se evaluaba otra alternativa: intentar insistir con los dos tercios de los votos de ambas cámaras para que la reforma que instauraron los diputados quede firme. Tampoco parecía una tarea sencilla de coronar.

El veto de Kicillof se estableció a través del decreto 2947/2025, publicado en el Boletín Oficial. Lleva las firmas del Gobernador, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Economía, Pablo López. Si bien se promulgó la ley, los artículos observados son el 14, 15, 16 y 17.

En el Gobierno provincial decían que la decisión de los diputados avanzaba sobre el funcionamiento de la Tesorería de la Provincia y que se iba a terminar generando un trato diferencial para la Cámara de Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluso el Senado.

El presupuesto de la Cámara de Diputados es de $ 222.800.000.000, lo que representa el 0,56 por ciento del cálculo de recursos y gastos bonaerense.

El artículo 14 establecía que los fondos que administre la Cámara de Diputados serán depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en una cuenta de la Cámara y que será la Tesorería bonaerense la que tendrá que garantizar la transferencia de los recursos.

El artículo 15 hablaba de que el Bapro deberá establecer un sistema de transferencias automático de frecuencia diaria, calculado sobre los ingresos de libre disponibilidad de la Provincia. Y el artículo 16 establecía que la dirección de Administración de Diputados comunicaría a la Contaduría de la Provincia, a la Tesorería y al Bapro las adecuaciones presupuestarias que se realicen y su consecuente programación financiera, a fin de que éstos adecuen los montos transferidos.

Finalmente, el artículo 18 consignaba que el Tribunal de Cuentas debía sancionar a los funcionarios del Ejecutivo que no cumplieran con las disposiciones.

Ninguno de los cuatro pasó el filtro de Kicillof que se escudó, además, en la difícil situación financiera por la que atraviesa la Provincia. En el medio aparece la pelea política en el peronismo que sigue sumando polémicas y capítulos.