“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: en La Plata, marchan por las víctimas del fentanilo

Los familiares de víctimas vinculadas al escándalo del fentanilo contaminado en Argentina realizaron este martes dos movilizaciones simultáneas para exigir respuestas políticas, justicia y medidas concretas del Estado frente a lo que consideran la mayor tragedia farmacológica del país. Las concentraciones se realizaron en La Plata y Rosario, bajo la consigna “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, en reclamo de mayor compromiso institucional y explicaciones claras sobre cómo se permitió la distribución de un medicamento contaminado que provocó decenas de muertes. 

Más de 173 muertes están siendo asociadas al uso de fentanilo adulterado con bacterias peligrosas, y la causa judicial sigue abierta con 14 imputados procesados, entre ellos directivos y responsables técnicos vinculados a los laboratorios involucrados en la producción y control del medicamento. 

Una parte central del reclamo apunta a la ausencia de respuesta política efectiva por parte del Poder Ejecutivo y de los organismos sanitarios, especialmente de la ANMAT y del Ministerio de Salud, cuyos titulares fueron señalados por no brindar explicaciones satisfactorias ni participar de las audiencias que las familias solicitaron. Las movilizaciones demandan, entre otras cosas, una reunión urgente con el Ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, para conocer qué medidas se tomaron y qué falló en los mecanismos de control que debieron detectar el problema antes de que se expandiera. 

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, amplió recientemente el análisis de historias clínicas de pacientes que fallecieron tras recibir el fentanilo adulterado, confirmando que una proporción significativa de esos casos correspondió a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del producto. Además, en paralelo a la investigación, se llevaron a cabo declaraciones de exempleados de uno de los laboratorios implicados, quienes describieron graves irregularidades en los procesos de elaboración y control interno del medicamento. 

Las familias aseguran que, pese al avance judicial, la tragedia no puede limitarse a un expediente, sino que debe tener respuestas políticas, sanciones claras y un compromiso estatal para que no vuelva a ocurrir algo similar. Por eso, en las movilizaciones convocadas para el 16 de diciembre, buscan no sólo visibilizar la tragedia y recordar a cada víctima, sino también romper el silencio institucional y exigir una reforma profunda en los sistemas de control sanitario del país. 

Este reclamo se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamientos al sistema de regulación de medicamentos en Argentina: informes parlamentarios recientes han señalado fallas estructurales y ocultamientos en los mecanismos de control, y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados estudia reformas sanitarias consideradas entre las más ambiciosas de los últimos 30 años para intentar evitar futuros desastres de esta naturaleza. 

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