Procesamientos por el plan Qunita: un escándalo con eslabones en La Plata

¿El Estado pagó enormes sobreprecios por el kit para entregarles a los recién nacidos? ¿Armó una licitación “a medida” en la que varias empresas ya sabían de antemano que serían las ganadoras? ¿Fue toda una maniobra concertada entre funcionarios y empresarios para defraudar a la Administración Pública y participar de un negociado millonario?

El juez Claudio Bonadio cree que todas esas preguntas tienen la misma respuesta: Sí. Y con esa convicción dictó ayer los procesamientos de 15 ex funcionarios públicos (entre ellos los ex ministros Juan Manzur y Daniel Gollan junto al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández) y de nueve empresarios, varios de ellos platenses. Es que uno de los primeros puntos extraños que remarca el juez en su procesamiento es el hecho de que la licitación se hubiera adjudicado a seis empresas que se dedicaban a cosas muy alejadas de la elaboración de cunas y artículos para bebés, creadas hacía poco tiempo, “con escasa o nula experiencia en sus rubros”, y la mayoría (cuatro de las seis) con domicilios en La Plata.

En un fallo de más de 150 páginas, en el que se hace un minucioso recorrido del trámite licitatorio y una pormenorizada evaluación de las pruebas que fueron reunidas a partir de una denuncia de Graciela Ocaña, el juez Bonadio encuadra las conductas de los funcionarios como “fraude en perjuicio de la Administración y en concurso con los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. A los empresarios -por supuesto- sólo les imputa fraude.

Bonadio asegura en el fallo que todos los elementos reunidos permiten probar que hubo un acuerdo entre funcionarios y empresarios para convertir el denominado “Plan Qunita” en un fenomenal negocio con repartos millonarios.

LAS EMPRESAS

La compra fue adjudicada a las empresas platenses Grupo Diela SRL (dedicada al rubro librería y bazar); Delta Obras y Proyectos S.A. (dedicada a la construcción); Compañía Comercial Narciso SRL (del rubro impresiones y publicidad) y Dromotech S.A (dedicada a productos informáticos, construcción y logística). También fueron beneficiarias de la adjudicación las empresas Fasano SRL y Fibromad S.A. En total debían proveer 140 mil kits, de los cuales Fasano SRL aportaría 115 mil y las demás los 25 mil restantes.

No era un negocio de poca monta. La autorización de compra, firmada por Gollan como ministro de Salud y Aníbal Fernández como jefe de Gabinete, fue por un valor de 7.800 pesos cada uno de los kits. El juez reunió documentación que probaría que, en el mercado, el kit valía mucho menos. El propio ministerio de Salud había estimado un costo de $4.500 por kit y la SIGEN, menos de $4.100; casi la mitad de los casi 8 mil por los que compraron. A la empresa Delta le encargaron 3.900 kits por un total de casi 30 millones de pesos; a Compañía Narciso, 3.850 kits por otros 30 millones de pesos; a Grupo Diela, 5.100 kits por casi 40 millones de pesos; a Dromotech, 6.400 kits por casi 50 millones; a Fibromad, 5.750 kits por casi 45 millones y a Fasano, 115 mil kits por más de 900 millones de pesos.

El juez remarca otros datos llamativos: “además de que cuatro de las empresas eran de la ciudad de La Plata, que sus ofertas eran casi idénticas y que las cantidades de kits que proveerían daban sugestivamente el exacto número final de 140 mil, quedó comprobado que estas seis empresas compraron gran cantidad de los productos que conforman el kit Qunita y/o los materiales necesarios para su confección, en los mismos proveedores. No sólo lo hicieron en los mismos lugares sino que lo hicieron el mismo día, lo que se observa en las facturas de compra que resultan en muchos casos correlativas. Y no sólo compraron los mismos artículos, en los mismos proveedores, muchas veces el mismo día, sino que también contrataron a la misma empresa para el armado y entrega de los kits al ministerio de Salud”.

Pero el juez observa otro dato sugestivo: “No sólo hicieron todo esto de modo coordinado, sino que además compraron la mercadería más de un mes antes de ser adjudicados”. Para Bonadio esto tiene una sola explicación: estaba todo “arreglado” y sabían de antemano que iban a ganar la licitación. En el fallo se lo define en términos jurídicos: “... ha quedado acreditada la materialidad de los hechos, que demuestran que desde el comienzo del proyecto de compra del kit Qunita, ya había seis ganadores prefijados. Que por eso se diseñó un pliego de un único renglón, expresamente vedado por la legislación, con entregas sucesivas que permitirían a las empresas ir financiándose a través de cada entrega parcial”.

Para el juez, estaba todo “arreglado” y las empresas sabían de antemano que iban a ganar la licitación

En el fallo se describen otros aspectos de la maniobra que considera probada: “El pliego limitó la oferta a unos pocos proveedores capaces de cumplir con todo lo requerido en el escaso tiempo otorgado, los cuales, considerable tiempo antes de ser adjudicados ya compraban los materiales para la provisión del kit”.

Sobre los montos, en el fallo se afirma que “los precios de las ofertas que presentaron los empresarios fueron elevados y abusivos y de ello daba cuenta la diferencia abismal que había entre los mismos y el `valor de referencia` informado por la SIGEN, que coincidía con el estimado por el ministerio de Salud al inicio de la licitación y con los valores reales a los que compraron las empresas los distintos elementos, de acuerdo a las facturas” que se exhiben en el expediente.

En definitiva, el juez entiende que las empresas compraron los kits a unos 4 mil pesos y se los vendieron al Estado a 7.800.

“A todo ello -afirma el juez- se suma que las empresas ganadoras no tenían experiencia en los rubros licitados, reforzando ello la convicción sobre el direccionamiento de la licitación, ya que actividades relacionadas a la construcción, a la informática, o al ramo inmobiliario, financiero o publicitario, no tienen relación con la producción de los bienes que integran el kit Qunita”.

CUNAS DE CARTON

El fallo también menciona la mala calidad de los productos que integraban el kit. Se sabe, por ejemplo, que la cuna era de cartón corrugado.

Dictámenes recogidos en la causa penal, llevan al Juez a afirmar que la deficiente calidad de algunos elementos del kit implican inclusive “riesgos para el bebé”.

En un solo renglón -y eso es lo que el juez remarca como ilegal- se detallan los cuarenta y cuatro elementos incluidos en el kit, que abarcaban -por lo menos- siete rubros distintos. “Cada compra de la Administración debe efectuarse en un solo renglón por cada bien a adquirir o, en todo caso, en renglones afines por grupos de bienes”.

Hay otras rarezas casi pintorescas que son mencionadas en el fallo de modo casi marginal: como parte del kit para el bebé se entregaban preservativos y gel lubricante.

PROCESADOS

Además de Fernández, Gollan y Manzur, está procesado otro ex funcionario de Salud, Nicolás Kreplak, hermano de un juez federal de La Plata designado en el final del gobierno anterior.

Entre los empresarios, fueron procesados los platenses María Victoria Flores, Martín Miranda, Leandro Nicolás Flores y Diego Luis Romero. Se les dictó, en cambio, la falta de mérito a Evangelina Gamero, Stella Maris Santiago y María Paula Escudero.