Francia quiere adoptar la reforma laboral sin pasar por el Congreso

PARIS.- La fragilidad del gobierno francés a un año de las próximas elecciones presidenciales quedó ayer nuevamente en evidencia después de que el primer ministro, Manuel Valls, anunciara que evitará el voto de la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) para aprobar su controvertida reforma laboral. La previsible falta de apoyo a ese proyecto de ley defendido por la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, llevó a convocar a un Consejo de Ministros extraordinario que autorizó recurrir al artículo 49.3 de la Constitución. Valls explicó en la sesión de control al gobierno que opta por ese instrumento “porque la reforma debe adoptarse, el país debe avanzar y las relaciones salariales y los derechos de los trabajadores deben progresar”.

La oposición a ese texto comenzó desde que a mediados de febrero se filtraran algunas disposiciones y se vio reflejada en las calles en las numerosas manifestaciones y huelgas convocadas por sindicatos y organizaciones estudiantiles, algunas de ellas con disturbios entre militantes antisistema y fuerzas del orden.

Recurrir al artículo 49.3 implica que el proyecto de ley queda aprobado en primera lectura en la Cámara baja salvo que la oposición presente una moción de censura dentro de las 24 horas siguientes, algo que conservadores y centristas ya hicieron y se debatirá mañana jueves. En caso de que una mayoría absoluta censurara al gobierno del primer ministro Valls, éste se vería obligado a renunciar.

El articulo 49.3 fue utilizado en más de 80 oportunidades en Francia desde 1958, momento de la instauración de la V República a partir de una nueva Constitución, aunque hasta ahora ningún gobierno fue censurado por la oposición, según recordó el diario Libération.

En caso de superar la moción, el texto irá al Senado para una primera lectura en esa cámara y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a la Asamblea, donde el Ejecutivo socialista podría servirse de nuevo de ese artículo. La última vez que recurrió a él fue en 2015 con la ley de liberalización económica más conocida como “ley Macron”, por el nombre de su autor, el ministro de Economía, Emmanuel Macron.

Ese proyecto de ley, otro de los pilares del gobierno para el presente curso político, preveía ampliar de 5 a 12 los domingos al año en que los comercios pueden abrir, además de otras disposiciones para desregular las profesiones liberales.

La reforma laboral en cuestión, para el premier Valls, crea nuevos derechos para los empleados y flexibiliza el mercado laboral, pero sus detractores ven en él un paso atrás, según los sindicatos, o un paquete de medidas inútiles, según la oposición, para revertir una tasa de desempleo que supera el 10%.

Para Valls, en cambio, mantener el debate parlamentario correría el riesgo de “rebajar la ambición de ese texto y abandonar los compromisos conseguidos”, razón por la que se dijo dispuesto a conseguir que sea adoptado, aunque eso implique saltarse las vías habituales. El Ejecutivo cuenta con la oposición tanto de conservadores y centristas como de la izquierda, incluidos algunos diputados socialistas disidentes, que echan por tierra sus intentos de agrupar a la izquierda de cara a las presidenciales, programadas para el 23 de abril y el 7 de mayo de 2017 en primera y segunda ronda.