Acusaciones cruzadas por un estallido que nadie ve

Twitter: @mnspezzapria

Unos y otros se acusan de algo que no ocurrió y que difícilmente vaya a ocurrir. Están jugando a la política, de la cual no se pueden despegar incluso en los años que no son electorales. Oficialistas y opositores se lanzan acusaciones sin mostrar reparos en la utilización de temas sensibles como la situación social. Pero la posibilidad de un estallido parece lejana y los intendentes del Gran Buenos Aires no creen que pueda ocurrir en un futuro cercano.

Hay muchos argumentos para sostener esta afirmación, tanto políticos como sociales y también económicos. Ni siquiera el tarifazo, mal hecho en tiempo y forma por el gobierno nacional, puede convertirse en el disparador que gatillen eventuales agitadores, ya que éstos no encontrarían en los barrios el caldo de cultivo necesario para prender la mecha. El Conurbano no es el del 2001.

El país entero, de hecho, atraviesa por otra etapa política: el gobierno de Cambiemos acaba de cumplir seis meses y administra simultáneamente la Nación y la provincia de Buenos Aires. El encumbramiento de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder despertó expectativas en buena parte de la sociedad, tras una gestión como la de Cristina Kirchner que estaba muy desgastada, y cuyos dirigentes sufrieron las consecuencias del video de quienes contaban dólares.

Por eso se registra por estos días un “alto grado de tolerancia” con el gobierno, pese a que la economía no arranca y a los duros efectos del aumento de servicios como la luz, el gas y el agua potable. De acuerdo al consultor Raúl Aragón, esa tolerancia le puede permitir a Cambiemos disponer de un plazo racional para encauzar la situación económica, especialmente la inflación, aunque en las clases medias urbanas se siente profundamente el impacto de la inflación.

El propio gobierno se había fijado ese plazo en el segundo semestre, pero ahora no faltan los dirigentes oficialistas que comentan que la reactivación recién se notará el año próximo. Entonces, la alianza Cambiemos basa actualmente su predicamento social en las expectativas positivas que despierta a futuro, más que en la realidad de este 2016 que le está costando sudor y lágrimas.

La imagen positiva del presidente Macri sigue siendo más alta que la negativa, mientras que la gobernadora Vidal es la dirigente con mejor imagen. En la consideración de los argentinos se está imponiendo la opción de favorecer a los moderados antes que a los radicalizados. Ya hubo mucho de eso.

¿Entonces por qué vuelven a circular las advertencias sobre la violencia política y social? Porque le sirve a la dirigencia para contrastar discursos. Esto es: el oficialismo apela a la denuncia de un supuesto boicot -tan afecto a la historia argentina- y la oposición pone el dedo en la llaga de las carencias sociales, que son reales pero que no parecía tener muy en cuenta sólo meses atrás.

Una sola razón política sirve para entender por qué nada raro va a suceder: los intendentes peronistas están cada vez más lejos de Cristina Kirchner y saben que un desmadre social sólo podría favorecer políticamente a la ex presidenta. Por ende, están aceitado sus estructuras de tal forma que son la primera garantía para que no haya brotes de violencia en el Gran Buenos Aires.

Eso no quita, sin embargo, que propicien el desgaste de las principales figuras de Cambiemos, acompañando los reclamos de los sectores afectados por el tarifazo y la inflación, mientras aguardan que la sociedad y la prensa dejen de preguntarse en forma cotidiana por los casos más resonantes de corrupción, como el de Lázaro Báez, y se dejen ganar por el malestar económico.

EL PAPA Y MOYANO

En medio de esta situación, hay dos factores de poder que inquietan más a la Casa Rosada que los movimientos desestabilizadores que pudieran provenir del Conurbano. Se trata de la relación del gobierno con el Papa Francisco y del comportamiento de los gremios, en especial de los conducidos por Hugo Moyano, que ingresó en una etapa de enfrentamiento con el Presidente.

Desde el Vaticano llegaron ayer -según algunos- pésimas noticias para el oficialismo. El Papa ordenó regresar un donativo de 16 millones de pesos que había realizado el gobierno para el programa educativo Scholas Ocurrentes. Ya había trascendido días atrás que Francisco estaba molesto con que se haya aceptado esa suma de dinero de un país -el suyo- al que no le sobran los recursos. Otros destacan que el enojo de Francisco era por el destino que Scholas le daría al dinero y porque sus directivos viajaron a Roma en primera clase.

Pero la Iglesia parece no parar de enviar señales que incomodan al oficialismo. La última de ellas lo tomó por sorpresa.

Se trata de una convocatoria de los obispos de la Comisión de Pastoral Social a los partidos políticos que tengan intención de firmar un documento para sentar las bases de la salida de la crisis que, a su juicio, afronta el país. El encuentro se hará el otro domingo y el sitio elegido para realizarlo es la emblemática Casa de Tucumán, donde se declaró la Independencia hace 200 años.

La Iglesia viene reclamado el llamado del gobierno a una mesa de diálogo intersectorial, que logre consensos en temas como la lucha contra el hambre y la pobreza, la generación de empleo y el combate contra el narcotráfico, entre otros puntos de interés común. Pero el presidente Macri y sus principales funcionarios ya demostraron que son refractarios a ese tipo de convocatorias.

De hecho, descartaron rápidamente el llamado a un consejo económico y social, que figuraba en los planes iniciales de Cambiemos en las semanas previas a su desembarco en la Casa Rosada. Anida, en la mesa chica del oficialismo, cierto temor a que una movida de esas características termine licuando el poder del gobierno. Pero la Iglesia no piensa lo mismo y reclama una apertura.

En forma coincidente, los gremios también piden esa convocatoria, la misma que hizo el cardenal porteño Mario Poli ante Macri en el Tedeum del 9 de julio. Pero en el caso de los sindicatos, hay otros factores que dificultan más la relación con el gobierno. Uno de ellos es el veto del Presidente a que el camionero Moyano desembarque en la caótica Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por eso no llamó la atención en el gobierno que el veterano gremialista le diera rienda suelta a su hijo Pablo Moyano para que desde el Sindicato de Camioneros avanzara con conflictos en sectores estratégicos, como el de la provisión de combustibles, que estuvo a punto de entrar en crisis este fin de semana. Y en los próximos días podría suceder algo similar con el transporte de caudales.

EL CONGRESO EN CALMA

Un frente que el gobierno parece tener bajo control, en cambio, es el del Congreso. En la Cámara de Diputados se aprobará esta semana la “ley ómnibus” que incluye el pago a sentencias jubilatorias, el blanqueo de capitales y el pacto de coparticipación entre la Nación y las Provincias, tras un acuerdo de Cambiemos con los bloques legislativos que lideran Massa y Diego Bossio.

Como ambos fueron directores de la ANSES y lograron introducir modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo, también en el Senado la iniciativa sería sancionada sin sobresaltos. Así lo anticipó el jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, a un grupo de intendentes del peronismo bonaerense el viernes pasado. El kirchnerismo quedó aislado en esta oportunidad.

Para el gobierno, será un paso adelante que se sancione este paquete legislativo porque viene de quedar atrapado en la discusión de la ley antidespidos, que el Presidente vetó aunque eso no impidió que se visibilizara una agenda de demandas que no estaba en las prioridades del oficialismo. Pero el pago a los jubilados es justo. Lo demás es motivo de discusiones políticas.