Bonadio dictó la inhibición general de bienes de Cristina

Es en el marco de la causa por la venta de dólar a futuro, por la que la ex presidenta se presentó esta tarde en los tribunales de Comodoro Py. Al salir dijo desconocer la resolución del magistrado


El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy la “inhibición general de bienes” contra la ex presidenta Cristina Fernández, en el marco de la causa por las operaciones de  dólar a futuro.    

La decisión del juez sobrevino al acto formal de notificación  del embargo de 15 millones de pesos que le aplicó cuando dictó su  procesamiento.   

La ex presidenta asumió un virtual desconocimiento del embargo,  que sus abogados ya apelaron ante la Cámara Federal porteña y  están sujetos a revisión por ese tribunal de alzada.   

En la notificación, la ex jefa del Estado deslizó que no  satisfacía el monto embargado, por lo cual el juez dispuso inmovilizar  todos sus bienes declarados.  

Al salir de tribunales, Cristina Kirchner dijo desconocer sobre  la inhibición general de bienes.  

Cuando se retiraba por una puerta lateral del edificio, fue  consultada por periodistas sobre esa situación, a lo que respondió que sólo se había notificado: ”Es firmar un papel, nada más”.   

Sobre la inhibición, miró a su abogado, Carlos Beraldi, quien  tampoco pareció estar al tanto de la medida dispuesta por Bonadio.    

La ex presidenta advirtió que "quedó demostrado que el hostigamiento por  parte del partido judicial ya reviste caracteres casi ridículos". Al salir de los tribunales federales denunció la existencia de "animosidad manifiesta".    

"Hoy quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por  parte de algún sector del Poder Judicial, que denomino el partido  judicial, ya reviste caracteres casi ridículos", subrayó.     

Fernández de Kirchner indicó que "lo único" que hizo en el  juzgado a cargo de Claudio Bonadio fue "firmar una notificación que  ya se había efectuado" a través de su "apoderado letrado" Carlos  Beraldi, quien "apeló la resolución en la causa".    

"Nos procesa por la devaluación que hace el gobierno que nos  sobrevino y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron  celebrados por los que hoy son funcionarios cuando eran CEOs o  empresarios, y luego siendo funcionarios pactaron el precio",  añadió.     

Asimismo, la ex mandataria planteó que "en dos oportunidades  el Banco Central le preguntó a Bonadio si tenía que pagar o no los  contratos a futuro y Bonadio le dijo que sí", por lo que apuntó  que "evidentemente, si había delito en la conformación de esos  contratos, nunca los debió haber autorizado".  

Respecto de su presencia en Comodoro Py, indicó que "está  claro" que su domicilio "real" es en Río Gallegos, a "más de 2 mil  kilómetros de distancia", por lo que "estampar una firma abajo de una  notificación" podría haberse hecho "tranquilamente con un exhorto  ante el juzgado federal" de la capital santacruceña.    

La ex presidenta permaneció hasta poco antes de las 14 en el  interior de Comodoro Py 2002.   

 

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