Varios acusados por el crimen de un preso en Olmos podrían entregarse

La versión circuló con fuerza en las últimas horas: a varios de los penitenciarios acusados por la muerte de un recluso en el penal de Olmos, si el juez de garantías Pablo Raele, que ya les ordenó la detención, les rechaza la eximición de prisión, no les interesaría recurrir esa decisión ante la Cámara Penal y estarían dispuestos a entregarse ya mismo para declarar ante el fiscal que lleva adelante la causa.

Al menos así lo anticiparon fuentes de tribunales, quienes están en contacto permanente con allegados a los imputados.

El delito que se les endilga -“imposición de torturas agravadas por el resultado muerte”- es muy grave y prevé la pena de reclusión perpetua.

Por eso ya tendrían decidido presentarse a contar “su verdad”.

Cabe recordar, tal como lo había anticipado EL DIA en su edición anterior, que para los pesquisas del caso, al menos hasta el momento, existiría lo que han denominado como “pacto de silencio”.

“Nadie quiso comprometer al otro, pero cuando ven realmente qué tipo de proceso enfrentan y sus posibles consecuencias, lo piensan dos veces”, explicó un vocero cercano a la investigación.

En ese sentido, los rumores apuntar a que podrían ser los sospechosos de menor rango los que tendrían en mente no perder demasiado tiempo con planteos recursivos.

El hecho que motivó un verdadero escándalo institucional, ya que fue desplazada toda la cúpula de la Unidad Nº 1 (director más subdirectores), ocurrió el pasado 1º de agosto, cuando el detenido, identificado como Narciso Gastón Ayala Aquino (36), sufrió un ataque de epilepsia y sus compañeros de pabellón tomaron los extremos de una frazada para cargarlo y llevarlo hasta sanidad.

Según los voceros, el preso sufría ataques de epilepsia que le generaban trastornos psicóticos, por lo que se había dispuesto su traslado a la unidad 34 de Melchor Romero, pero la derivación no se llegó a concretar, ya que murió ese mismo día.

Los informantes mencionaron que, en realidad, en medio de esa grave situación, Ayala Aquino habría mordido a quien por entonces era el máximo responsable de la Sección Vigilancia y Tratamiento y al que todos apodan “el jefe”, por ser el penitenciario de más alta jerarquía, que está en contacto con la población carcelaria.

“Es un agente de tercer orden dentro de la estructura del penal. Y todos los demás implicados están por debajo de él”, explicó un informante a EL DIA.

Se refiere a los otros ocho oficiales que Cartasegna involucró en su requerimiento de detención, dos de los cuales, ya quedaron detenidos.