Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito

El abogado Matías Yofe y el diputado por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo Di Prinzio, presentaron un pedido de jury contra el juez platense Juan Pablo Masi. El requerimiento se formuló ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por su intervención en una investigación por un presunto fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público, que tiene entre los imputados al ex titular del Ministerio de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

De acuerdo al requerimiento contra Masi, le achacan el intento de pretender arrogarse indebidamente competencia en una causa de jurisdicción federal y adoptar decisiones manifiestamente irregulares y parciales.

Fue luego de que el titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de nuestra ciudad solicitara que el Juzgado Federal de Campana, que conduce Adrián González Charvay, declinara competencia en un expediente por lavado de activos, donde también está sospechado D’Onofrio.

“En particular, se denuncia al juez Masi por haber incurrido en actos que configuran mal desempeño, incumplimiento de los deberes inherentes a su función, así como por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y eventualmente, de prevaricato (art. 269 C.P.)”, expresaron Yofe y Bugallo Di Prinzio.

“Resulta oportuno señalar que si bien entre ambas causas existe una conexión innegable -dado que los fondos ilegítimos obtenidos mediante las infracciones anuladas o maniobras fraudulentas habrían sido objeto de operaciones de lavado-, cada fuero conserva su esfera de actuación. Así, los posibles delitos federales (lavado de dinero) son investigados por la justicia federal, mientras que los delitos ordinarios (defraudación al Estado provincial) son materia de la justicia provincial. Esta delimitación, como describiremos más adelante, no puede ser soslayada sin incurrir en una violación al principio de juez natural y a normas básicas de procedimiento. Máxime cuando, como en el caso, se advierte una evidente desviación de poder por parte del magistrado, dirigida a beneficiar la estrategia defensista más que a cumplir con el desempeño de sus funciones”, agregaron.

También objetan la decisión de Masi de revocar el rol de particular damnificado a la empresa Secutrans S.A., lo cual, a entender de los impulsores del jury, pretendía “ejercer un control absoluto y discrecional sobre la causa”.

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“Las decisiones referidas adquieren mayor gravedad a la luz de ciertos antecedentes que demuestran la existencia de una relación cercana entre el juez denunciado y el exministro implicado”, completaron.

Como se sabe, D’Onofrio rechazó las acusaciones que lo involucran en presuntas maniobras ilegales. El ex funcionario bonaerense presentó un escrito en la fiscalía que también investiga otro supuesto hecho de corrupción: la red de abogados y funcionarios que cobraban a cambio de dar de baja parte o la totalidad de los montos de las fotomultas que se captaban en las rutas bonaerenses.

Sin embargo, para el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la instrucción, el exfuncionario “direccionó” las licitaciones para favorecer a varias empresas que se hicieron cargo de los talleres verificadores, por unos 4.900 millones de pesos.

TODOS CONTRA TODOS

En lo que ya parecería ser un completo desaguisado judicial, donde varios actores de las múltiples causas parecen estar a veces de acuerdo y, muchas otras en contra pese a tener un origen común, no pasó por alto la presentación que hizo en los últimos días en el proceso Laura Andino, quien era accionista de Secutrans S.A. y, en un acuerdo transaccional privado, acordó con la empresa y quien por entonces era su titular, Leandro Camani, la venta de sus posesiones societarias a cambio de una importante suma en dólares.

Como dicho convenio, en principio no fue cumplido tal como estaba previsto, la mujer presentó una denuncia y exigió la designación de un interventor judicial.

Cabe recordar que Secutrans S.A. es una de las empresas con tecnología para proveer tanto equipos automáticos de detección de infracciones viales, como del sistema para procesar dichas faltas por sumas millonarias.

En la acción, con el patrocinio del Dr. Marcelo Julián Chumba, se indicó que “ante el incumplimiento total del Acuerdo Marco Transaccional, la Sra. Laura Andino, mediante Cartas Documento remitidas en fechas 11 de julio y 8 de agosto de 2025, intimó formalmente a SECUTRANS S.A. y al Sr. Leandro Camani a restituir su calidad de accionista del 25 por ciento del capital social, toda vez que el convenio ha caducado de pleno derecho. No obstante, SECUTRANS S.A. persiste en desconocerla como socia, impidiéndole ejercer sus derechos societarios, lo que configura un nuevo acto ilícito que agrava la situación denunciada”.

Al juez Masi le endilgan supuestas anomalías y tener una cercana relación con Jorge D’Onofrio