Una marcha gremial antes de las PASO

Por MARIANO SPEZZAPRIA

El sindicalismo está madurando una reacción ante lo que considera como un “ataque sistemático” del Gobierno de Cambiemos. Las intervenciones judiciales a algunos gremios y las alusiones del presidente Mauricio Macri a “la mafia del juicio laboral” empezaron a darle forma a las futuras protestas del sector, que coincidirán con las dos semanas previas a las PASO del 13 de agosto.

Por el momento, los dirigentes no piensan convocar a un paro general, sino a movilizaciones que expresarán en las calles el descontento de los sindicatos con el rumbo económico del Gobierno. Por un lado, la CGT marcharía a la Plaza de Mayo o al monumento a Perón, en el Bajo porteño, mientras que la CTA y grupos afines al kirchnerismo irán a la Iglesia de San Cayetano en Liniers.

En forma paralela, las comisiones de base vinculadas a partidos de izquierda continuarán en plan de lucha por conflictos focalizados, como el de Pepsico o el de la central nuclear Atucha de Zárate, donde fueron despedidos 1.200 empleados. Las discusiones más intensas tienen lugar por estos días en el seno de la CGT, puesto que allí conviven dirigentes moderados con otros más combativos.

Por caso, los “gordos” de los gremios de servicios son más reacios a iniciar un enfrentamiento directo con la Casa Rosada, mientras que los sindicatos que integran la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) creen que llegó el momento de hacerle sentir al presidente Macri su poder de movilización. En este sector tiene peso específico el moyanismo.

Los dos grupos en pugna podrían saldar estas diferencias el próximo jueves en una reunión del Consejo Directivo de la CGT, que sesionará en la sede de la calle Azopardo. Allí podría imponerse el criterio de los integrantes del triunvirato de conducción, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes estarían a favor de convocar a una marcha “sin caer en la trampa del Gobierno”.

“El macrismo está queriendo meternos en la agenda electoral, pensando que por pegarle a los sindicalistas van a tener más puntos en las encuestas”, dijo a EL DIA una fuente cegetista. Por eso el triunvirato buscará despegar la marcha lo más posible de las PASO del 13 de agosto. Pero esta lógica se invierte entre los gremios que se encolumnan con la ex presidenta Cristina Kirchner.

De hecho, la Corriente Federal de Trabajadores convocó a marchar el 7 de agosto hacia la Iglesia de San Cayetano en Liniers. Allí confluirán gremios como los bancarios de Sergio Palazzo y dirigentes como Roberto Baradel y Hugo Yasky, que está sexto en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Unidad Ciudadana kirchnerista en la provincia de Buenos Aires.

Otro sindicalista que será candidato en las PASO, el jefe de la CTA Autónoma Pablo Micheli, ya planteó que las marchas de la CGT y de los gremios K deberían unificarse. “No se puede boludear con hacer actos en distintos días”, advirtió el primer postulante a diputado nacional por el frente CREO, que lleva a Fernando “Pino” Solanas para el Senado. Micheli reclamó una huelga general.

Por el momento, los dirigentes no piensan convocar a un paro general, sino a movilizaciones que expresarán en las calles el descontento de los sindicatos con el rumbo económico

Pero difícilmente esa convocatoria se gestará en medio de la campaña electoral. Es que los principales dirigentes sindicales del país piensan que el Gobierno tiene la estrategia de enfrentar a gremialistas desprestigiados –como Omar “El caballo” Suárez, de los portuarios del SOMU- para ratificar ante su electorado que efectivamente busca cambiar los vicios enquistados en el poder.

Ese pensamiento de los popes sindicales tiende a confirmarse con intervenciones judiciales en gremios como los canillitas de Omar Plaini o los azucareros que se desempeñan en la empresa Ledesma en Jujuy. En fuentes de tribunales ya trascendió que hay jueces y fiscales que tienen apuntados a otros sindicatos, entre ellos algunas regionales de la UOCRA con prácticas violentas.

En este contexto, hay gremios estratégicos que aún no cerraron las paritarias de este año, como la UTA Roberto Fernández. “El Gobierno deberá garantizar el transporte para las vacaciones a través de una conciliación obligatoria”, sostuvo, tras advertir que los empresarios tienen problemas para pagar los salarios. A su vez, los Camioneros de Pablo Moyano cerraron ayer un aumento del 23%.

Más allá de los porcentajes, los gremios se encuentran ante un dilema de difícil resolución: cómo protestar contra la política económica del Gobierno sin terminar siendo funcionales a la estrategia electoral del oficialismo, que los presenta como adversarios deseados para mostrar que el cambio va en serio. Los docentes bonaerenses lo padecieron hasta que captaron el nuevo escenario político.