El fiscal Janot prepara una segunda denuncia contra Temer por asociación ilícita y lavado de dinero a raíz del mismo caso, que involucra el pago de sobornos de la empresa cárnica JBS y una grabación que le hizo en la residencia oficial al gobernante el empresario delator Joesley Batista.
No descarta, además que lo acuse de obstrucción a la Justicia por el mismo caso.
Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y sus defensores afirman que la acusación es una “ficción” construida para perjudicar al presidente y amenazar la reconstrucción de un país que emerge a duras penas tras la peor recesión de su historia, con más de 13,5 millones de desocupados.
La oposición acusa a Temer de haber liberado en las últimas semanas cuantiosos fondos para proyectos de diputados vacilantes.
De todas formas, el dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de apenas 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo Ibope.
Un 81% de los brasileños apoya además que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto. Pero hasta ahora las calles no se han movilizado, contrariamente a lo ocurrido durante el impeachment de Rousseff, cuando millones de personas reclamaron en varias ciudades su partida.
Ayer hubo algunas manifestaciones en distintas ciudades de Brasil, aunque no alcanzaron la movilizaciones de un año atrás, un factor que jugó en contra de la continuidad de Dilma. Ahora si bien el fiscal puede impulsar nuevas causas, el blindaje parlamentario dificultarán que el juicio político a Temer avance. (TELAM, EFE y AP)
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