La Provincia no cede en su reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano

Mientras el bloque oficialista Cambiemos busca cerrar acuerdos con la oposición peronista en la Cámara de Diputados que permitan emitir el jueves próximo el dictamen del proyecto de ley del Presupuesto 2019, con vistas a aprobarlo en una sesión especial el 24 de octubre, resurgió en las últimas horas el reclamo de la Provincia por la actualización del Fondo del Conurbano, que serían alrededor de $19 mil millones. Es que cuando se renegociaron esos recursos, en diciembre pasado, la inflación proyectada era mucho más baja.

Sin embargo, desde la Nación ya habrían avisado que toda esa plata, que sería como una compensación “no está”, según trascendió ayer de fuentes oficiales y que dio cuenta el portal de un matutino porteño. Además, la Rosada no quiere incluir esos fondos en el Presupuesto del próximo año por temor a que se caiga el proyecto en el Congreso, sí los demás gobernadores salen a reclamar más fondos.

Se habla por estas horas de una creciente tensión entre las administraciones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y de una relación que se fue enfriando con el correr de la crisis económica y financiera. Sin embargo desde ambos lados lo niegan de plano.

Lo cierto es que el reclamo está y el Gobierno provincial cuenta con esos fondos para 2019. Pero la Nación estiraría la negociación para más adelante, al menos para después de aprobado el Presupuesto y, tal como este diario en su edición del domingo, no descartan que esos fondos lleguen con una ayuda directa a través de un decreto presidencial. De todos modos, desde Nación ya alertaron que el “equilibrio fiscal” no se negocia.

Del lado de la Provincia no dejan de recordarle al Gobierno nacional la transferencia de subsidios de energía y transporte del cual deberán hacerse cargo desde el año próximo y que ronda en unos $25 mil millones.

EL DEBATE LEGISLATIVO

Mientras, para evitar el déficit en las cuentas públicas, se deberá ajustar unos 200.000 millones de pesos del lado de la Nación y otros 100.000 millones por parte de las provincias.

La aprobación parlamentaria de la llamada “Ley de leyes” es clave para que el Gobierno pueda cumplir su plan económico y dar señales positivas a los organismos y mercados internacionales.

El proyecto presupuestario que quiere aprobar el oficialismo contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar a 40,10 pesos en promedio y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0.5 por ciento. Además del “déficit cero” en las cuentas públicas prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Luciano Laspina (PRO), tiene previsto reunirse desde el miércoles al jueves próximos para terminar de analizar los cambios que se harán al proyecto del Ejecutivo.

De este modo, se apunta a poder firmar el jueves el dictamen de mayoría que se prevé debatir el 24 de octubre.

El oficialismo ya aceptó pedidos de la oposición, como mantener las exenciones a grupos de trabajadores públicos o privados en el impuesto a las Ganancias y beneficios que disponen leyes nacionales y convenios colectivos de trabajo, recordaron las fuentes parlamentarias.

Queda pendiente la discusión sobre los artículos sobre la refinanciación de la deuda pública, a la creación del fideicomiso para financiar obras públicas mediante la Participación Pública-Privada (PPP) y sobre la compensación a los municipios de los subsidios para el transporte público.

En el caso de Ganancias, se trata de exenciones que tienen un conjunto de trabajadores, tales como viáticos, bonificaciones especiales, riesgo profesional, entre otros ítem salariales de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.

El proyecto del Gobierno apuntaba a recaudar 25.000 millones de pesos extra, con cambios en la forma en que se aplica el tributo a las Ganancias y la inclusión de sectores que estaban exentos.

El oficialismo aceptó mantener el plus “por zona desfavorable” que cobran los jubilados y pensionados de la Patagonia, aunque en este caso el reclamo sumaba a los legisladores radicales de las provincias sureñas.

BIENES PERSONALES

Ahora, para compensar la reducción de esos recursos tributarios, el oficialismo analiza aumentar la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para los contribuyentes que tengan bienes valorados entre los cinco y los diez millones de pesos.

En este sentido, los contribuyentes pagarían una alícuota del 0,50% y para los que superen los 10 millones de pesos pasarían a pagar el 0,75%. En cambio, se mantiene la exención para los dueños de bienes menores a dos millones de pesos, mientras que los superen esa cifra y hasta los cinco millones, la tasa será del 0,25 por ciento.

Otro punto que se deberá analizar es cómo se compensará a los municipios, que pasarán a depender de las provincias para que le giren el dinero para subsidiar el transporte.