Ordenaron liberar a Amado Boudou bajo fianza y con una tobillera electrónica

El Tribunal Oral Federal (TOF) cuatro resolvió ayer liberar bajo fianza al ex vicepresidente Amado Boudou, detenido por la causa Ciccone, aunque deberá usar tobillera electrónica y no podrá salir del país.

El TOF 4, el mismo que lo encontró culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone, por voto mayoritario, le concedió la excarcelación.

Boudou abandonará el penal de Ezeiza una vez que se acredite el pago de un millón de pesos, como lo estableció el tribunal oral que lo juzgó, informaron fuentes judiciales.

El ex vicepresidente había sido condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa y aún no está firme.

El ex vicepresidente recuperará su libertad por los votos de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, quienes entendieron que le corresponde la excarcelación porque la condena en su contra no está firme, ni pone en riesgo el caso Ciccone II.

El presidente del Tribunal, Néstor Costabel, votó en dirección contraria a la de sus colegas y a la opinión del fiscal Marcel Colombo, al rechazar el pedido de excarcelar al ex vicepresidente.

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Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían pedido la liberación de su defendido el lunes, luego de que el viernes último el juez federal Ariel Lijo dictó nuevos procesamientos en el tramo de la causa que aún no fue elevado a juicio (conocido como Ciccone II), pero sin prisiones preventivas.

Boudou había quedado detenido el 7 de agosto, día en el que lo condenaron, porque el tribunal que lo juzgó entendió que, de esperar en libertad que el fallo quede firme, podía poner en riesgo la parte de la investigación que todavía estaba en manos de Lijo y que alcanzaba a los ahora procesados Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP), Katya Daura (ex titular de la Casa de la Moneda) y Jorge Brito (Banco Macro).

Al votar en favor de la liberación de Boudou hasta tanto quede firme su condena, las juezas López Iñiguez y Palliotti sostuvieron: “En nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad durante la sustanciación de todo proceso penal, incluyendo, claro está, las etapas recursivas”.

“El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”, algo que no estaría acreditado en el caso.

“Cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige, esto es, un riesgo cierto en el caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y como única posibilidad de lograr el sometimiento al proceso y la realización de la ley penal sustantiva”, sostuvieron las juezas.

“Aquellos elementos objetivos que se tuvieron en cuenta para permitir que Amado Boudou transitara el debate en libertad no se habían modificado en absoluto, más allá que se haya dictado una sentencia condenatoria en esta primera instancia”, señala el fallo

Por ello, concluyeron que debe “evitarse el uso abusivo de la prisión preventiva” porque “no sólo no se condice con nuestro sistema Constitucional y procesal penal, sino porque cuando un examen riguroso de las circunstancias del caso”, en este caso en particular sobre Boudou, “no permiten sostener” los argumentos que lo condujeron a prisión.

A pesar de votar por su libertad, López Iñiguez y Palliotti también sostuvieron que era oportuno adoptar medidas “menos lesivas” para asegurar los fines del proceso judicial y votaron por colocarle una tobillera electrónica con GPS, retenerle el pasaporte, prohibirle emitir uno nuevo y negarle la posibilidad de salir del país.

La colocación de tobillera con GPS tendrá por objetivo garantizar que el ex funcionario no se aleje más de 100 kilómetros a la redonda de donde fije su punto de residencia. Además deberá presentarse ante el Tribunal una vez cada quince días.