Este año se registraron en la Provincia 26 paros docentes (algo más del 14% de los días de clase que deberían dictarse por ley), cifra que permite colegir la imposibilidad de recuperar los contenidos no dictados y, en mayor proporción, los contenidos no aprendidos por los alumnos (en todos los niveles). A esa cifra, cuya responsabilidad primaria es de los sindicatos docentes, deben sumarse los aspectos no docentes: estado edilicio y cargos sin cubrir, que son, ineludiblemente, responsabilidad del Estado (aunque también en parte de los gremios, ya que han “luchado” para que los cargos se cubran incluso con estudiantes de carreras terciarias, terciarias no universitarias o universitarias, pero estudiantes al fin). No cabe duda de que los paros perjudican la posibilidad de aprender, ya que se pierde la necesaria continuidad y el ritmo escolar, imprescindibles en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego de cada paro (de 24, 48 ó 72 horas) el docente debe “reiniciar” a su clase en lo que hace a los contenidos y re-nivelar a los alumnos. Los docentes tienen derecho a un salario digno y a exigir más presupuesto para la educación, ¿pero tienen derecho a violentar el derecho de niños y jóvenes a ir a la escuela y aprender? Un paro nunca le hace bien a la educación, así redunde en mejoras salariales para el magisterio, que, además, no es el único actor de la educación; los estudiantes y sus familias son los actores principales, en función de quienes se debe trabajar. Asimismo, la mejora salarial por sí sola no asegura mejor educación. Y la falla es de todos: se llega al paro, fundamentalmente, por la falta de diálogo. También el paro refuerza la imagen deteriorada de la educación pública, que los maestros dicen defender, y refuerza las tentaciones privatizadoras, que los maestros dicen condenar (para muestra, se pueden buscar estadísticas de pases desde la escuela pública a la privada).
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