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Lo llevarán adelante si Metrovías y el Ministerio de Trabajo desconocen la "legitimidad del sindicato" de cara a las negociaciones paritarias
Télam
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) consideró "político" el fallo de la Corte Suprema que ayer anuló su personería gremial, y advirtió que si el Gobierno y la empresa desconocen su representación, y no son recibidos para negociar la paritaria del sector, "se van a comer el peor paro de su vida".
Los metrodelegados barajaron posibles "medidas de fuerza" si Metrovías y el Ministerio de Trabajo desconocen la "legitimidad del sindicato" de cara a las negociaciones paritarias.
"Vamos a seguir peleando; no necesitamos una chapa para defender a nuestros compañeros", prometió el dirigente de Agtsyp Néstor Segovia, al adelantar que si el gremio no es convocado a paritarias "este Gobierno se va a comer el peor paro de su vida".
En una conferencia de prensa realizada en el barrio porteño de Monserrat, dirigentes de la Agtsyp acusaron al máximo tribunal del país de ser "adicto" al Gobierno y aseguraron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reclamar por su personería gremial.
El fallo de la Corte convalidó lo resuelto en primera instancia por la Cámara del Trabajo, y devolvió el expediente al Ministerio de Trabajo para que certifique qué sindicato tiene mayor afiliación en representación de los trabajadores: la Agtsyp o la UTA.
"No tenemos ninguna expectativa porque este Ministerio de Trabajo tiene un perfil intervencionista", declaró Roberto Pianelli, para quien el fallo de la Corte es la "respuesta" al paro realizado el martes pasado por los empleados del subte en reclamo de que fueran retirados de circulación "vagones contaminados con asbesto", una sustancia cancerígena.
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Además, los metrodelegados dijeron que Metrovías todavía no dio "ninguna respuesta" sobre los trabajadores expuestos a esa sustancia, por vagones con material riesgoso comprados a la empresa española Metro, que ya confirmó cuatro empleados enfermos en la península ibérica.
El fallo de la Corte Suprema fue "en contra de un sindicato que defiende la salud de los compañeros y que pelea por una transporte público de calidad", declaró Pianelli.
"Ese es el verdadero contenido de esta decisión judicial de índole político", sostuvo el gremialista, quien tildó a la Corte Suprema de "adicta al Gobierno".
Minutos antes de la conferencia, Dellecarbonara aseguró que se trata de un "fallo hecho a medida del gobierno, de Metrovías y de la burocracia sindical de la UTA".
La Corte, insistió, cumple con el "interés" del Gobierno de "dejarlos" fuera de la negociación paritaria para acordar una suba salarial con un gremio "más amigable como es la UTA".
Desde Agtsyp explicaron que cuentan con entre 2.800 y 3.000 afiliados de un total de 3.300 empleados del subte y el premetro, por lo que asegurarn ser el sindicato "con mayor legitimidad entre los trabajadores".
Los metrodelegados adjudicaron su revés judicial a la futura concesión del servicio, en noviembre próximo, que podría quedar en manos de alguna empresa extranjera o de la propia Metrovías.
"Este Gobierno quiere presentarle un mejor panorama a la próxima concesionaria", dijo Dellecarbonara y argumentó: "A nadie le conviene un sindicato como el nuestro".
"Agotada la instancia judicial", el gremio llevará su reclamo por "violación de la libertad sindical en Argentina" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OIT y denunciará arbitrariedad en los trámites de personería gremial en el país.
La personeria gremial es un reconocimiento del Estado a un sindicato (o conjunto de sindicatos) que habilita para representar a los trabajadores de un sector.
El Estado reconoce una sola -y exclusiva- personeria gremial a un solo sindicato por actividad, profesión, oficio, categoría o empresa, una vez establecida la mayor representatividad de esa asociación sindical sobre la base del número de afiliados que registre en un lapso determinado.
Sobre finales del segundo mandato de Cristina Kirchner, el Ministerio de Trabajo, con Carlos Tomada como titular, ordenó una "compulsa" que, según reconoció el gobierno de entonces, los metrodelegados reunieron más afiliados que la Unión Tranviaria Automotor, que hasta allí negociaba los salarios de los trabajadores del subte.
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