Avalaron que un tribunal en el exilio juzgue a Maduro por supuesta corrupción

La Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) de Venezuela aprobó hoy que el llamado “Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio” procese al presidente Nicolás Maduro por supuesta corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Con el voto de la mayoría opositora, la AN declaró que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial por hechos de corrupción que se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro”.

La resolución destaca que ese proceso está a cargo de “la fiscal general Luisa Ortega Díaz y los magistrados del TSJ designados y juramentados por esta AN”.

Ortega Díaz fue destituida en agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas y autodeclarada plenipotenciaria.

Los 33 jueces del TSJ designados por la AN no pudieron asumir sus cargos y, ante la amenaza pública de Maduro de encarcelarlos -lo que ocurrió con cinco de ellos-, la mayoría se fue de Venezuela.

Posteriormente, varios de esos magistrados constituyeron lo que denominaron el “TSJ en el exilio”, que suele sesionar en oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

Excepto por la AN, único de los cinco poderes públicos de Venezuela en manos de la oposición, las decisiones del “TSJ en el exilio” no son reconocidas ni llevadas a la práctica en el territorio venezolano.

El jefe de la bancada de la oposición en la AN, Juan Guaidó, justificó el proceso a Maduro en que el gobierno otorgó a Odebrecht la concesión de obras públicas por 30.000 millones de dólares, de las cuales 76 por ciento están paralizadas.

“Esto generó 16.000 millones de dólares de daños patrimoniales” a Venezuela, que “es el único país donde no hay un solo acusado por el caso Odebrecht”, subrayó Guaidó.

El legislador recordó además que Euzenando Azevedo, exdirector de Odebrecht en Venezuela, afirmó a fiscales brasileños que entregó 36 millones de dólares para la campaña electoral de Maduro en 2013.

El fiscal general, Tarek Saab, afirmó que la resolución de la AN carece de legitimidad y calificó la sesión de hoy como un “show bufo e inmoral”.

En tanto, Juan Marín, uno de los dos únicos diputados oficialistas que participaron del debate, dijo que la decisión de la mayoría “no es más que una mamarrachada”, según reportaron las agencias de noticias DPA y EFE.