Trump quiere que el ejército custodie la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que desea que el Ejército se encargue de vigilar y mantener segura la frontera con México hasta que se construya el muro que ha prometido, en medio de los esfuerzos de su gobierno para relanzar resistidas medidas contra la inmigración ilegal.

"Vamos a hacer las cosas militarmente", dijo Trump en declaraciones a la prensa durante un almuerzo en la Casa Blanca con los gobernantes de los países bálticos.

"Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas", prosiguió. 

"Ese es un gran paso", agregó el mandatario, quien aseguró que ya ha discutido la idea con el secretario de Defensa, Jim Mattis, informó la cadena CNN. 

El mandatario ha estado expresando su creciente frustración por la falta de avances para cumplir con su promesa central de campaña de construir un "muro grande y hermoso" en la frontera con México, en el sur del país, para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales, de armas y drogas. 

Luego de afirmar desde el principio que el muro sería pagado por México, la semana pasada sugirió en cambio que se use el presupuesto del Pentágono para costear la pared, argumentando que es una prioridad de seguridad nacional, pese a que estrictas reglas prohíben gastos que no hayan sido autorizados por el Congreso.

Tanto los ex presidentes George W. Bush (2001-2009) como Barack Obama (2009-2017) recurrieron a soldados de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas, para vigilar la frontera en distintas operaciones puntuales, pero esa medida recibió entonces críticas por su elevado coste.

El presidente está descontento con los fondos que logró para su proyecto estrella en el presupuesto federal, que incluye únicamente 1.600 millones de dólares para la construcción de una barrera fronteriza, pero con condiciones muy restrictivas y lejos de sumar los 25.000 millones que había pedido al Congreso.

El anuncio de Trump llegó un día después de que funcionarios de su gobierno dijeran estar elaborando un proyecto de ley destinado a cerrar los "agujeros legales" que son aprovechados por los inmigrantes ilegales que ingresan o residen en Estados Unidos.

En una catarata de tuits en los últimos días, Trump llamó a los legisladores de su Partido Republicano a aprobar de inmediato una ley de seguridad fronteriza y declaró "muertas" las protecciones contra la deportación que benefician a los inmigrantes "soñadores" llevados ilegalmente al país por sus padres cuando eran niños.

También acusó a los demócratas de permitir "fronteras abiertas, drogas y crimen" y amenazó a México con detener las llamadas "caravanas" de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos so pena de que su país abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés).

Entre las nuevas medidas que su gobierno adelantó ayer que quiere relanzar figura poner fin a especiales salvaguardas que impiden la inmediata deportación de niños arrestados en la frontera y que viajan solos.

Bajo la ley actual, los chicos no acompañados procedentes de países que no limitan con Estados Unidos son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos y atraviesan prolongados procedimientos de deportación ante un juez en vez de ser deportados rápidamente.

La administración Trump también quiere que el Congreso revoque un acuerdo legal de 1997 que requiere al gobierno liberar a niños detenidos y entregarlos a sus padres, a parientes adultos o a otros tutores mientras duran sus casos.

Las propuestas parecen ser las mismas que las que estaban incluidas en una lista de potenciales medidas migratorias publicada por la Casa Blanca en octubre pasado, que sin embargo no lograron aceptación durante las negociaciones sobre el presupuesto y el muro.

Muchas de las iniciativas despiertan la oposición de legisladores moderados tanto republicanos como demócratas, especialmente a meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre próximo.

Además, los diarios The Washington Post y The Wall Street Journal revelaron hoy que Trump autorizó una nueva directiva del Departamento de Justicia para establecer cuotas anuales de 700 casos resueltos para todos los jueces migratorios.

Según el nuevo sistema, estos jueces sólo recibirán una evaluación “satisfactoria” cuando completen 700 casos al año y menos del 15% de ellos sean apelados a un tribunal superior. 

Además, se penalizará a los magistrados que fijen las audiencias de un mismo caso muy separadas en el tiempo, un mecanismo a veces utilizado para dar tiempo a los inmigrantes y sus familias para preparar su defensa. 

El objetivo de esta nueva directiva es destrabar los más de 600.000 casos pendientes que esperan tratamiento en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. Es en este ámbito se decide si los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin residencia legal pueden regularizar su situación o deben ser deportados. 

Pese a que el nuevo sistema aún no fue anunciado oficialmente por la Casa Blanca, ya empezó a cosechar críticas. 

"Podría cuestionarse la integridad o imparcialidad del tribunal si la decisión del juez está influenciada por factores ajenos al caso o si se deniegan mociones por la preocupación de un juez de mantener su trabajo", advirtió la jueza A. Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Trump también aseguró hoy que México "ha disuelto" una caravana con cientos de inmigrantes centroamericanos que se dirigía esta semana a Estados Unidos, y se jactó de que las autoridades mexicanas han actuado debido a sus amenazas de cancelar el Nafta.

"Lo han hecho porque, francamente, les dije que realmente tenían que hacerlo", subrayó Trump.