Más cuestionamientos de la jueza que clausuró calabozos

La jueza del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata Liliana Torrisi puso en conocimiento del procurador bonaerense y del fiscal general de la Plata que no hubo avances en la causa que promovió hace más de un año contra una comisaría de nuestra ciudad y los responsables de la superioridad por incumplir una orden de clausura de los calabozos, en virtud de la superpoblación de detenidos y las condiciones pésimas de habitabilidad.

En tal sentido, voceros judiciales explicaron ayer que en la nota, la jueza Liliana Torrisi puso en conocimiento del Procurador Julio Conte Grand las “dilaciones constatadas en el trámite de la IPP 15328/17”, por la incumplida clausura de los calabozos de la comisaría segunda de La Plata, ubicada en 38 entre 7 y 8.

La magistrada informó que “el 21 de abril del año pasado a raíz de una denuncia formulada por la suscripta por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia” se abrió una causa en la fiscalía número 4.

También señaló en la nota dirigida al procurador y al fiscal general Héctor Vogliolo que “en julio del año pasado la causa fue derivada a la fiscalía 5, a cargo de la doctora Leila Aguilar, atento a la disolución de la que estaba a cargo del doctor Fernando Cartasegna”, quien renunció a su cargo en medio de un escándalo y denuncias en su contra.

La jueza detalló que encomendó a un funcionario de su Tribunal para que acceda al mencionado expediente, no pudiendo hacerlo “porque estaba a despacho o no se hallaba en la fiscalía”.

En varias ocasiones, en mayo, noviembre y diciembre del año pasado se “solicitó mediante oficio judicial informe del estado de la causa a la fiscalía, no obteniendo hasta el presente respuesta alguna”, destacó en el planteo al que accedió a este diario.

Torrisi había iniciado una causa por la superpoblación de personas privadas de la libertad en la seccional octava, cuya orden de clausura, dispuesta el 27 de diciembre de 2017, no fue cumplida en tiempo y forma, por lo que denunció “la flagrante comisión del delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Fue después de constatar la falta de colchones ignífugos y matafuegos en esa seccional de 7 y 74, entre otras graves falencias e irregularidades, con cables a la vista, que le impedían contar con “las condiciones mínimas de habitabilidad para la detención de personas, sin luz natural y escasa ventilación”. Ordenó que “se arbitren los medios para se proceda a trasladar a la totalidad de los detenidos a otras dependencias, sean policiales o carcelarias”.

Sin embargo, meses después, la respuesta que llegó desde la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad desnudó una cruda realidad: “Las plazas habilitadas para el alojamiento de personas privadas de la libertad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires resulta ser un total de 1.003, con una cantidad de detenidos existente de 3.773”.