Son inexcusables las fallas y carencias en el sistema carcelario

Con diferencias de matices y, desde luego, con distintos grados de intensidad, la voluntad política de las sucesivas administraciones provinciales en las últimas décadas se ha mostrado coincidente, en el sentido de que impulsarían acciones para resolver el gravísimo problema del hacinamiento que se registra en las cárceles bonaerenses. Sin embargo, salvo escasas excepciones, esos anuncios resultaron ser meramente declamativos, ya que no se construyeron cárceles nuevas –o las pocas que se edificaron resultaron ser insuficientes- y la situación se agravó en forma ostensible.

En este contexto es que debe ponderarse una denuncia conjunta formulada en estos días por la Defensoría de Casación bonaerense, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión Provincial por la Memoria, en la que denunciaron la situación de superpoblación y hacinamiento que afecta a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en territorio bonaerense.

Las entidades alertaron que en la actualidad la capacidad de las cárceles provinciales está superada en unas 10 mil plazas por encima del cupo permitido. Asimismo aludieron a un aumento de las tasas de prisionización y una continuidad de las denuncias por torturas y malos tratos, sumado a las deficiencias en la infraestructura que caracteriza a las cárceles de la Provincia. No es ajena a esta problemática la situación de los detenidos en comisarías, también desbordadas y con presos alojados en calabozos muchas veces clausurados por la Justicia.

Cabría recordar que además de estas y otras entidades que vinieron formulando reclamos similares, fueron la Suprema Corte bonaerense y numerosos tribunales inferiores los que fustigaron este panorama y ordenaron al Poder Ejecutivo adoptar medidas para corregir las deficiencias.

Tal como se informó ahora, representantes del Servicio Penitenciario aseguraron que el Ejecutivo es consciente de la situación crítica existente e informaron sobre un aumento de plazas en las alcaidías de Lomas de Zamora y San Martín. Asimismo, afirmaron que en diciembre próximo será inaugurada una nueva cárcel en Campana y otra en Lomas de Zamora, además de una alcaidía en cada uno de esos distritos.

Resulta de obligatorio cumplimiento que las condiciones de seguridad y de higiene en los establecimientos penitenciarios deben ser óptimas, así como dejar garantizada la realización de actividades laborales, educativas y recreativas. Es fundamental, para que el sistema penitenciario cumpla su misión con eficacia, que las cárceles sean ámbitos adecuados y seguros.

Está claro que la superpoblación atenta contra estas necesidades y engendra una peligrosa distorsión funcional en las unidades. Pero cabe insistir en que se preste una oportuna atención a las distintas denuncias que se han formulado, indicativas de severas fallas en unidades del sistema carcelario. Es de esperar que la Provincia revierta cuanto antes estas carencias que resultan inexcusables.