Garro mete mano en el Consejo Escolar y designa a un senador como “interventor”

El intendente, Julio Garro, se metió ayer de lleno en el conflicto por la crisis de infraestructura en las escuelas, que mantiene a ocho establecimientos de la Ciudad sin clases y a otros cuarenta funcionando sin gas, y nombró a una suerte de “interventor” político del Consejo Escolar para coordinar la gestión de las obras más urgentes.

El designado a cargo de la tarea es el senador provincial Juan Pablo Allan, quien ayer fue notificado de su nueva función: monitorear el funcionamiento del Consejo Escolar y coordinar una mesa de acción con el Departamento Ejecutivo y la Dirección Provincial de Infraestructura, para acelerar las obras más urgentes que requieren las escuelas platenses.

Según un relevamiento de la Dirección General de Escuelas, ayer ocho instituciones de la Ciudad, entre jardines, primarias y secundarias, permanecían sin clases por problemas edilicios en los cuatro edificios que comparten. Alrededor de 20, según estimaron, se encuentran activas o con planes de “contingencia” pero sin servicio de gas.

Se trata de una situación que si bien arrastra años de inconvenientes y déficits de mantenimiento, tuvo como principal detonante la explosión de una escuela de Moreno en la que fallecieron dos docentes el pasado 2 de agosto.

El intendente Garro reunió ayer a consejeros escolares, concejales y funcionarios del Ejecutivo vinculados a la cuestión para analizar la situación, antes de un encuentro que el jefe comunal mantendría con la gobernadora, María Eugenia Vidal, para exponerle el panorama.

De la evaluación se desprendió que los problemas que actualmente afronta el gobierno local y provincial respecto de las escuelas no se relacionan con falta de fondos para realizar las obras necesarias en cada establecimiento, sino en la incomunicación y retrasos administrativos para la ejecución de proyectos.

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Por eso, la designación de Allan como responsable político del funcionamiento del Consejo Escolar, atravesado por una fuerte interna política en el propio oficialismo, apunta a aceitar el vínculo con el Ejecutivo y el área de Infraestructura provincial para otorgar mayor celeridad.

En rigor, el Consejo, con un presupuesto de $2,5 millones mensuales, se aboca a tareas de mantenimiento de baja envergadura, en tanto que las grandes obras corren por cuenta del municipio, a cargo de ejecutar el Fondo Educativo, y de la Provincia.

Trascendió en este marco que una de las primeras medidas que tomará esta mesa conformada ayer es la de reunir a las prestadoras Camuzzi, Edelap y ABSA para pedirles prioridad en el restablecimiento de servicios en las escuelas, para recuperarles la “normalidad”.