El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció hoy las condiciones de hacinamiento que padecen los detenidos alojados en cárceles y comisarías bonaerenses, cuyo cupo se incrementó más de un 20 por ciento en los últimos tres años, y que los lugares de encierro carecen de los servicios de sanidad adecuados.
Así se desprende del Informe sobre la situación de las Cárceles y Comisarías en la provincia de Buenos Aires, elaborado por la CNPT en base a las inspecciones realizadas por el comité a diversas unidades penitenciarias, comisarías y dependencias policiales durante 2018 y que fue presentado hoy en el salón Nunca Más de la Cámara de Senadores provincial bonaerense.
De acuerdo a este relevamiento, en los tres últimos años (de 2016 a 2018), la cantidad de personas privadas de su libertad pasó de 37.441 a 45.837, un incremento del 21.73%.
Solo en los últimos ocho meses (de diciembre de 2018 a agosto de 2019), la población total de detenidos se incrementó en más de 2.600 personas (6,4%), alcanzando la cifra total de 48.469.
El informe detalló que al 30 de mayo de 2019 había 43.445 detenidos en unidades penales, más 1.029 en alcaidías departamentales y 1.963 con monitoreo electrónico.
Además, la CNPT remarcó que el 48,79% de las personas privadas de su libertad no cuenta con condena firme.
Uno de los ejemplos incluidos en el informe fue lo observado en la Unidad 31 de Florencio Varela donde se detectaron con celdas de 3 metros por 2,5 metros que alojaban a 6 detenidos y si bien la capacidad, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), es de 450, al momento de la inspección había 998 personas.
En tanto, la Unidad 2 de Sierra Chica tiene una capacidad de 1.040 y al momento de la inspección había 1.905 personas, detalló el informe.
A su vez, más de un tercio de las comisarías que alojan detenidos han sido clausuradas por orden judicial a raíz de las graves condiciones de detención.
El CNPT también advirtió que en 2018 se produjeron 133 muertes de personas bajo custodia, mientras que en 2014 habían sido 119.
"En el 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados como 'averiguación de causal'", señaló el informe, en el que se recordó que en noviembre pasado se produjo el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría, en el que murieron diez personas, lo que "es una muestra de la falta de cumplimiento de las ordenes judiciales ya que sobre la misma pesaba una orden de clausura y había sido objeto de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Respecto a los Servicios de Sanidad inspeccionados, la CNPT indicó que "no cuentan con recursos humanos e insumos para la asistencia primaria de pacientes en cantidad suficiente" y que "la demanda espontánea de personas privadas de libertad con problemáticas emergentes agudas es atendida tardíamente y en forma limitada".
Además, muchas presas denunciaron haber sufrido amenazas por parte de los efectivos del SPB, quienes "amedrentan con prohibir el contacto con sus hijos/as si no se comportan de determinado modo", añadió el informe.
En cuanto a la población trans y cis, estos detenidos "narraron distintos acontecimientos de maltrato y agresiones que padecen durante los traslados debido a su condición, como así también durante las requisas".
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