La precariedad en la “gran quinta del país”, las dos caras del cordón hortícola platense

¿Son 5 mil, 6 mil o 7 mil las familias productoras del mayor cordón flori-frutihortícola del país? Nadie lo sabe. Y ahí empieza el problema.

Pues actuar sobre lo desconocido es imposible o, si se actúa, el resultado puede traer más problemas que soluciones. Lo cierto es que en las tierras de la zona oeste platense -sobre todo- y del Conurbano sur, cada día, de sol a sol, trabajan hombres y mujeres que “le dan de comer” a más de 12 millones de argentinos. No obstante, la inmensa mayoría no tiene agua potable ni gas de red, vive en casas precarias, su acceso a la educación y la salud es limitado, si llueve las calles son intransitables, no son “sujeto de crédito” por lo cual no pueden comprar la tierra que trabajan. Una enorme paradoja que, como tantas por estos lares, lleva añares sin resolverse.

“Se produce como se vive”, dijo hace un tiempo, durante una jornada sobre agricultura familiar que organizó la Facultad de Agronomía de La Plata, Salvador Vides, productor de Olmos y uno de los referentes del sector. “Aquí solamente se salvan los chicos. Por lo menos en mi familia. Porque yo quiero que esto se corte en mi. Deseo que mis hijos vivan y no sobrevivan”, confesó el viernes último a la tarde, durante una pausa en su tarea. En las plantaciones circundantes, cuatro mujeres labraban, cosechaban, regaban. Y un hombre, en un tractor, fumigaba.

“La madre de todos estos problemas es la situación precaria de tenencia de la tierra. El 90 por ciento son arrendatarios, y como los dueños de los lotes no les reconocen ninguna mejora que puedan hacer, no tiene sentido que inviertan en una casa de material, en invernaderos metálicos fijos (que no se vuelen con cada tormenta) o en otro tipo de infraestructura”, subrayaron, con mucha experiencia sobre sus espaldas en el trabajo codo a codo con los quinteros, técnicos del IPAF que compartieron la charla (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar dependiente del INTA).

Un trabajo de campo realizado por las estudiantes de la UNLP, Rosario Garrós y Micaela Morales Pizzo a fines de 2018, que incluyó una encuesta a cien familias productoras, reveló que “el 75 por ciento de las familias manifestaron alquilar la tierra, el 11,4 por ciento dijeron hacerlo a través de contratos de mediería, el 6,8 por ciento aseveraron trabajar tierras prestadas, y (solamente otro) 6,8 por ciento se presentaron como dueñas”.

Otro dato que aportó ese trabajo, titulado “El otro campo”, refiere a la propiedad de la maquinaria: el 54,5 por ciento la alquila, el 22,7 por ciento utiliza máquinas prestadas, y apenas el 15,9 por ciento tiene maquinaria propia (ver gráfico en página 17).

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Vides señaló el suelo de su casa de madera. “Es de material. Pero si te renuevan el alquiler te piden que lo saques. Lo mismo ocurre con las calles. Solemos juntarnos varios quinteros para poder comprar piedra con el objetivo de mejorarlas, porque si no, no entran los camiones y te pagan menos por la mercadería”, indicó, para apuntar que eso no se reconoce como “mejora”. Y que les paguen menos es casi nada, teniendo en cuenta que la brecha entre lo que perciben los productores y la góndola es de casi un 600 por ciento promedio, dependiendo del producto y de la estación.

Cada familia alquila, en promedio, 1,5 hectáreas. “Y se necesitan 7 u 8 invernáculos sólo para comer”, dijo a este diario el productor Lugo Alcídes Pérez. ¿Hacer un invernáculo? Uno de un cuarto de hectárea hoy cuesta alrededor de un millón de pesos, calculó Vides.

En ese contexto, detalló que “esta unidad productiva tiene 5 hectáreas, pero la trabajamos entre 5 familias. Entre grandes y chicos, somos 18 personas”. Se refirió luego a un tema central: el agua. “Tres compartimos una bomba. Los otros dos tienen una cada uno. El agua que se bebe es la que viene del pozo, aunque cada vez se extiende más la compra de bidones. Otro gasto”, hizo notar. Mientras, los técnicos del IPAF resaltaron que “el agua envasada se usa para beber, pero el lavado de la vajilla, las hortalizas y frutas, los dientes, se lleva a cabo con agua de pozo”. ¿Y qué sucede con los pozos? Allí reside una carencia clave. Porque “no hay agua potable, ni para los quinteros ni para la población de vastos sectores del partido, incluyendo jardines de infantes y escuelas. Y la mayoría de los pozos están mal hechos por falta de recursos económicos”, dijo un joven profesional del instituto del INTA.

“¿Cuánto invierte el Estado en el salario social complementario? ¿Y si nos lo dan para comprar nuestra tierra?”

Salvador Vides, Productor hortícola de Olmos

Y describió el pozo correcto. “Hay que hacer una perforación encamisada, de entre 40 y 60 metros, para llegar al acuífero Puelche. El mismo tiene encima una capa de arcilla de uno a dos metros de espesor, que lo separa del acuífero Pampeano, el que llega hasta la superficie. Bien, al hacer la perforación, entre el conducto y la tierra queda una luz que es preciso cementar. De ese modo se evitaría que cualquier tipo de bacteria o producto contaminante, comúnmente presentes en el acuífero Pampeano, ingresen al ducto que trae el agua desde el Puelche”. ¿Entonces? “Ese tipo de pozos los tienen las industrias, los municipios. Son inaccesibles para las familias productoras”, puntualizó, para indicar que “hoy es muy difícil hablar de valores; no hay precios de referencia para esas obras de infraestructura civil”.

Así, los poceros llegan con sus máquinas y, generalmente, dos, tres o más familias se juntan para afrontar los gastos. “Pero el pocero ofrece un pozo así, a tanto, y otro pozo asá, a otro precio. Y en la mayoría de los casos sólo alcanza para el económico”, confían.

Salvador comenzó a labrar la tierra en 1999. Un año después de que empezara a cambiar la estructura de tenencia. Cuando se pasó de los “italianos, españoles y portugueses, o sus descendientes, dueños de 10, 20, 30 hectáreas cada uno, a un súper loteo y al arrendamiento de 1,5 hectáreas promedio a cada familia proveniente de países vecinos, fundamentalmente de Bolivia y, en menor escala, de Paraguay y Perú”. De ese modo, “la incidencia del cinturón hortícola platense sobre el área bonaerense pasó del 28 por ciento en 1998 al 72 por ciento en el 2010”, especificó en su trabajo “Agricultura familiar en peligro” la académica de la UNLP, Alejandra Dávila Pico.

Otro productor y referente del sector, Nazario Ramos, dijo que “así como se pagan altos alquileres por la tierra (hoy están llegando a 10.000 pesos por unidad productiva), si hubiese líneas de crédito blandas se podría comprar. Y si el terreno es de uno, se invierte en una casa digna, y se planifica a 10 años y no a dos como ahora. Pero sin un Estado presente, sin políticas acordes para el sector, seguiremos con estas carencias: caminos inaccesibles, viviendas precarias, falta de agua potable, inseguridad, problemas para acceder a salud y educación. Son tantas cosas que es difícil enumerarlas a todas”, espetó.

Ir a la escuela es todo un tema. “No hay establecimientos suficientes y por lo tanto faltan cupos. Ello alienta el abandono, sobre todo en la secundaria”, contaron en la “triple” frontera de Olmos, Abasto y Etcheverry. Una investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP da cuenta de que “en la zona oeste de La Plata (que concentra el 85 por ciento de la actividad hortícola) reside el 29 por ciento de los platenses que asisten a centros educativos, y el 53 por ciento de quienes nunca asistieron”.

“¿Cuánto invierte el Estado en el salario social complementario? Y si a los productores nos dan eso para comprar en cuotas nuestra tierra. Nosotros queremos trabajar. Si el Estado planificara bien, las cosas serían distintas”, remató Salvador Vides.

¿Cómo es posible que quienes trabajan de sol a sol y llevan parte sustancial de la comida a un tercio de los argentinos vivan en condiciones tan precarias? Otra paradoja (y van...).