La apuesta por la protección social de los 736 millones de pobres extremos en el mundo

Columnista EFE

Sacar de la pobreza extrema a los 736 millones de personas que aún la sufren, sobre todo en el campo, requiere de más de un empujón desde fuera, comenzando por los programas sociales que los expertos recomiendan impulsar en todos los países.

Unas 4.000 millones de personas, el 55 por ciento de la población mundial, siguen sin beneficiarse de sistemas de protección social, según la Organización Internacional del Trabajo, que celebra estos días la Semana global de la Protección social.

Para ayudar a salir adelante a quienes viven con menos de 1,9 dólares al día y evitar que con el tiempo vuelvan a caer en esa desdicha, primero hay que saber quiénes son los más pobres, según Constanza Di Nucci, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). “Hay que prestar atención a quienes carecen de recursos, tienen baja capacidad de resiliencia o están excluidos de la ayuda que se provee”, asegura la especialista en Roma.

¿QUIÉNES SON LOS MÁS POBRES?

Una de cada diez personas sufre pobreza extrema, en total 736 millones de personas, de los que el 60 por ciento se ve afectado por riesgos climáticos y conflictos.

El perfil de pobre delineado por el Banco Mundial es alguien que vive en una zona rural, con muy poca educación, que trabaja en la agricultura y tiene menos de 18 años.

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La comunidad internacional se ha propuesto erradicar el hambre y la pobreza para 2030, nada fácil ante las crecientes dificultades para atender a los pobres privados de educación, sanidad, electricidad, agua potable y otros servicios básicos.

Desde 1990, la transformación rural ha sacado de la pobreza a unos 750 millones de personas, aunque últimamente “el foco se ha puesto en las ciudades por las oportunidades de empleo que da la rápida urbanización”, subrayó en un encuentro el director del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), Shenggen Fan.

Instó a volver a priorizar el campo, mejorando su conectividad, infraestructuras, energías renovables y tecnologías que lleven a generar empleos de alto valor, incluidos los agrícolas.

Más de la mitad de los más pobres del planeta son subsaharianos. La demografía tampoco acompaña, pues su región y el Sudeste Asiático albergarán previsiblemente a la mayoría de los 1.200 millones de jóvenes que entrarán en el mercado laboral para 2050. “Se trata de crear oportunidades. Los jóvenes se van de la agricultura y no van a quedarse en las áreas rurales si no hay oportunidades atractivas que los hagan más productivos, conectados y empoderados”, argumenta Di Nucci.

INVERTIR EN DESARROLLO

Inversiones públicas y privadas, transferencias de fondos a los más necesitados y protección social forman parte del paquete de medidas que, según la ONU, serviría para poner fin al hambre. ¿Su costo? 267.000 millones de dólares adicionales cada año hasta 2030. Para lograrlo, los países ricos deberían recolocar la ayuda en los más desfavorecidos, que atraviesan “serias dificultades para financiar” un desarrollo sostenible, apunta Andrew Shepherd, del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI).

Los países donantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujeron la ayuda oficial al desarrollo en 2018 el 2,7 por ciento anual, a unos 150.000 millones de dólares, equivalentes al 0,3 por ciento de su PBI.

Para Shepherd, “se debería apoyar la movilización doméstica de ingresos para recaudar impuestos en las economías más pobres puesto que, a largo plazo, el gasto público en protección social es lo que más ayuda a aliviar la pobreza”.

Seguros médicos y de desempleo, pensiones, transferencias de dinero, alimentación escolar… Kenia, Filipinas, Lesoto y Zambia son algunos de los países en desarrollo que se han comprometido a financiar esos programas con sus presupuestos y no con donaciones extranjeras. “El acceso a la protección social es un derecho”, afirma la especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Natalia Winder Rossi, para quien supone “una manera muy efectiva de brindar asistencia inmediata a las personas en extrema pobreza con impactos claros en la seguridad alimentaria y el acceso a servicios sociales”.

A su juicio, invertir en educación y salud también mejora el capital humano y fortalece la capacidad productiva de las familias, dinamizando las economías locales.

“En los últimos quince años han proliferado los programas de protección social y muchos países de bajos ingresos han reconocido que la protección social es una inversión y no un costo”, subraya Winder Rossi.