Si bien hoy existen todas las posibilidades técnicas para que los dispositivos digitales nos escuchen, en la realidad se trata sólo de una conjetura. No existe ni una sola denuncia referida a esto y si existiera nos encontraríamos en nuestro país frente a varios delitos.
Es que las conversaciones privadas están amparadas en la Argentina tanto por la Constitución como por el Código Penal. Si esa conversación privada fuera interceptada por un tercero éste estaría cometiendo un delito. Pero si ese tercero diera participación a a una cuarta persona (vendiendo, por ejemplo, los datos) estaríamos frente a un nuevo delito.
De todos modos tampoco es tan simple como que la escucha derive en la oferta de un producto. Hay un proceso posterior que implicaría la venta de datos y no hay denuncias sobre eso.
En todo caso, si las hubiera, también serían casos muy difíciles de probar.
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