Cayó en Iguazú una prófuga por las estafas en Educación

Una ciudadana paraguaya fue detenida en la localidad misionera de Iguazú, a donde habría recalado con la intención de hacer algo más que disfrutar del paisaje de las cataratas. Presumen que su plan era salir del país para evadir la causa por la que ahora será trasladada a La Plata, a fin que la indague el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Se trata de Silvia Edith Silva Acevedo -de unos 50 años-, señalada como integrante de una banda acusada de cometer un fraude millonario en perjuicio de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense, con la designación de “falsos preceptores” que cobraban por su cargo, pero no trabajaban. Silva Acevedo habría sido una de ellas y estaba prófuga desde septiembre del año pasado, cuando detuvieron a otros cinco imputados, entre ellos el presunto jefe del grupo, Martín Acevedo (35).

Hasta ayer este hombre era el único que permanecía detenido con prisión preventiva que le dictó la jueza Marcela Garmendia, ya que el resto de los acusados fueron excarcelados, informaron fuentes judiciales. Silva Acevedo, radicada en La Plata, fue arrestada por personal de Gendarmería, que también se ocupará de su traslado.

El presunto fraude contra el Estado Provincial cometido con la liquidación irregular de salarios comenzó a investigarse a partir de una denuncia formulada en septiembre, según la cual un empleado del área de Contralor Docente de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense ingresaba periódicamente con su clave del sistema informático servicios de personal educativo de al menos seis personas, quienes mensualmente percibían, tanto en forma retroactiva como continua, ingresos por servicios que nunca prestaron.

Figuraban como preceptores en escuelas del distrito de La Matanza pero las autoridades de esos establecimientos informaron que “nunca trabajaron allí”, lo que ayudó a descubrir la estafa.

Según se detectó, esto habría ocurrido durante 2017 y los primeros meses de 2018, en lo que constituiría una defraudación contra las arcas públicas por casi 3.500.000 pesos.