Problemas para implementar el proyecto de reforma del CPCC de los Juzgados Civiles y Comerciales

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata desea manifestar públicamente su preocupación ante la posibilidad de una reforma procesal civil en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra en estado parlamentario, sin haber tenido en cuenta los problemas de infraestructura y recursos humanos existentes para su implementación.

La Comisión Redactora sostuvo que “el proyecto no apareja mayores costos ni requiere nuevas disponibilidades presupuestarias” que los asignados para el Código vigente, lo que se traduce en un absoluto desconocimiento de la real situación y necesidades de la justicia bonaerense. Asimismo, el proyecto de Ley se asienta en el éxito que arrojó la experiencia de “Oralización de la Justicia Civil”, que comenzó en La Plata en agosto del año 2016, con un tercio de los jueces civiles, quienes voluntariamente y sin ninguna nueva asignación de recursos, asumieron el compromiso de adherir a ese proyecto con la única finalidad de mejorar los tiempos del proceso, en aras de brindar una mejor calidad de justicia al ciudadano 

Pero ese éxito no es tal. En La Plata no contamos actualmente más que con un perito traumatólogo de lista, 1 psiquiatra y 3 Ingenieros mecánicos para ser designados por los 23 jueces en todas las causas y la Asesoría Pericial puede tardar meses y hasta un año para producir algunas pericias, más allá de que actualmente se encuentra cerrada la sección de Psicología. Solo contamos con tres equipos de videofilmación que compartimos entre los 14 jueces que adherimos a la oralidad,  distribuyéndonos las salas por días y horarios. Además, los jueces civiles tenemos competencia civil y comercial, y no solamente trabajamos con los expedientes que nos demandan la presencia física que requiere la oralidad, sino con los miles de expedientes que tramitan bajo el sistema escriturario.

Esto revela que no es cierto que ese proyecto pueda funcionar con los recursos existentes, que ni siquiera nos han permitido desarrollar adecuadamente el “Proyecto de Oralización de la Justicia Civil”. 

Por otra parte, el Proyecto no contempla que los Juzgados de los diferentes Departamentos Judiciales reciben distinta  cantidad de causas al año. Por ejemplo, en Dolores ingresaron en el año 2017, 700 causas, en tanto en la Sede Avellaneda, 8.500 (datos publicados por la Suprema Corte año 2017). Tampoco se ha considerado a la Justicia de Paz Letrada de la Provincia de Buenos Aires, integrada por 109 jueces, con una competencia muy amplia y una problemática específica de infraestructura que ni siquiera ha sido tenida en cuenta por este proyecto. Incorpora, a todo lo que ya se ha mencionado, los procesos de menor cuantía (de hasta $ 170.280), que por el monto, se advierte que abarcará infinidad de reclamos, serán enteramente orales y con plazos brevísimos, y exigen la presencia del juez bajo apercibimiento de nulidad insanable.

Este proyecto se desentiende de las dificultades y el tiempo que acarrea actualmente revisar una audiencia videofilmada para poder valorar la prueba testimonial, ya que, al no encontrarse desgrabada, se debe volver a escuchar a cada testigo pausando la grabación para anotar con una lapicera lo que el testigo va diciendo a fin de consignar correctamente su testimonio. Ello se multiplicará infinitamente en el nuevo código.

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Si a ello le sumamos plazos abreviadísimos para fijar audiencias y dictar sentencias, una cantidad incontable de audiencias diarias, y todo ello con la obligación de la presencia física del juez bajo apercibimiento de nulidad insanable del acto y falta grave para el magistrado, pero sin infraestructura que nos acompañe, solo se va a conseguir imponer una obligación de imposible cumplimiento, que no sólo va a generar deslegitimación de la Justicia, sino que, fundamentalmente, no va a cumplir con el único objetivo que debiera tener este proyecto: una mejor calidad de justicia para el ciudadano.