Vecinos usurpados de Berisso dicen que la Comuna “ayuda a los ocupantes”

El 21 de mayo de 2012, Alejandro Sosa compró un terreno de 15 por 45 metros en 152 entre 25 y 26, en Berisso. Para ello había vendido el auto. Escrituró. Comenzó a pagar los impuestos. Se anotó en el Procrear y salió sorteado. En 2014, mientras el agrimensor trabajaba, “unos diez hombres armados, que llegaron en autos, lo usurparon”, contó. “Nadie me ayudó”, añadió. Hoy vive con su familia en el fondo de la casa de su suegra, en Villa Elisa.

El caso se suma al que denunció este diario en su edición del miércoles pasado: la usurpación de 4,5 hectáreas comprendidas entre las calles 151, 152 norte, 19 y 20, propiedad de María Elizabeth Riquelme, en enero de 2016. “Hoy transformado en un barrio que hasta tiene comercios, mientras el Municipio nos ofrece un acuerdo para quedarnos con el 70% de las tierras (el 30% es para la Comuna a cambio de obras de infraestructura) y venderlas a valores irrisorios. En tanto, la policía y la Justicia no actúan”, subrayó la vecina.

Consultado ayer por EL DIA, el titular del área de Tierra y Vivienda de Berisso, Paulo Ferreira, afirmó que “la acusación al Municipio por no desalojar los terrenos es incorrecta. Una vez que el tema se judicializa tras la denuncia ante sede policial, esa potestad es de la Justicia”.

“Nosotros hemos ofrecido a la señora Riquelme una solución. Basándonos en la ordenanza municipal del PASU (programa de acceso al suelo urbano, basada en la ley provincial 14.449/2013 y en la ley nacional 27.453/2018), le propusimos hace poco un acuerdo por el cual la Municipalidad se encarga de la subdivisión del bloque (todo el predio) en 140 lotes, de dotarlos de la infraestructura básica, y se queda con el 30% de los lotes; ella, con el 70%, que puede vender a los valores que marca la ordenanza. Es decir, a valores actuales, $1.800 por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que cada lote tendría 200 metros cuadrados, la propietaria obtendría una ganancia muy superior a los 6 ó 7 millones de pesos que vale el bloque, según dicen inmobiliarias que hemos consultado”, puntualizó Ferreira.

María Elizabeth Riquelme, asesorada por sus abogados Paola Gisela Arévalo y Adolfo José Barcelone, no puede entender que el Estado municipal le esté ofreciendo “vender a bajo precio el 70% de una propiedad privada como solución a una usurpación. La Municipalidad se pone del lado de los que están en infracción en vez de defender a quienes estamos a derecho”, dijo, indignada.

Ferreira aclaró que “la propietaria tiene, desde ya, toda la libertad y el derecho de no aceptar el acuerdo y de seguir los caminos judiciales tradicionales. Pero es real que la ley provincial 14.449/2013 y la nacional 27.453/2018 son una suerte de paraguas contra los desalojos”.

LE PUEDE INTERESAR

La medida que limita la circulación de los motociclistas ya es ley y causa reacción

LE PUEDE INTERESAR

Las vacaciones de invierno llegarían con otro aumento en el transporte escolar

El preacuerdo de 2016

En esta historia hay otro capítulo, que ayer tuvo importantes novedades. Es que antes del acuerdo mencionado, que la propietaria no firmó por considerarlo casi confiscatorio, el 17 de agosto de 2016 sí suscribió un preacuerdo con la Comuna “totalmente distinto; allí, el Municipio se quedaba con el 30% de lotes a cambio de encargarse de la infraestructura, y el 70% quedaban para mi, con libertad absoluta para venderlos a precio de mercado”, explicó.

En el marco de las tomas aparecen leyes provinciales y nacionales que generan confusión

En la víspera, Riquelme intimó al Municipio a que “en el plazo perentorio e improrrogable de 48 horas” informe porqué no cumplió con ese preacuerdo (firmado por el intendente Nedela, el secretario de Obras Públicas, Raúl Murgia, y el titular de Tierras) y a que “en el mismo plazo proceda a la relocalización de las familias usurpantes”.

Ferreira, consultado al respecto, dijo que “en su momento el Gobierno provincial no avaló ese preacuerdo porque dijo que aseguraba una ganancia exorbitante a la propietaria en detrimento del Estado”. “Creemos que sentar a una misma mesa al ocupante, que ocupa por algún motivo, al titular de las tierras, que las perdió pero sigue teniendo el título de propiedad, y al Estado municipal como mediador y regularizador, es la mejor salida”, opinó el funcionario en base a las leyes citadas.

En el caso de Alejandro Sosa, el dueño del terreno de 15x45 ubicado en 152 entre 25 y 25, señaló que “es un caso similar pero en un predio más pequeño. Le ofrecimos dividirlo en cuatro lotes y que uno quede para vivienda social y tres para él. Pero no quiere hablar con nosotros”, dijo Ferreira.

En diálogo con este medio, Sosa contó que “en la dirección de Catastro municipal, cuando en 2012 salí sorteado en el Procrear, me aseguraron que el terreno no servía porque era un bañado, que allí no se podía construir. Pero en el área de Recaudación (del mismo Municipio) me aseguraron que me cobraban impuestos porque el lugar era urbanizable. La cuestión es que Catastro nunca me dio lo que el Procrear me pedía y, por ello, perdí esa oportunidad. Luego vino la usurpación y nadie más se ocupó de darme una solución. Me siento estafado y desprotegido por el Estado”, expresó.

La ley provincial 14.449 “De acceso justo al hábitat” y la nacional 27.453 “Régimen de regularización dominial para la integración sociourbana” -más conocida como la ley del Registro Nacional de Barrios Populares- son las que enmarcan las propuestas que la Comuna les hizo a los vecinos usurpados. Y no son pocos los que piensan que “esas normas alientan las usurpaciones”, teniendo en cuenta que “luego es casi imposible volver a la situación preexistente”. Una polémica profunda y compleja. Lo cierto es que tanto Sosa como Riquelme le muestran, a quien quiera verlas, las escrituras de sus terrenos. ¿Acaso ya no valen de nada?