Jubilaciones: una jugada de Cristina que erosiona el poder presidencial

En una semana Alberto Fernández cumplirá el primer aniversario de su gobierno. Y, para muchos, llegará a esa fecha con la autoridad presidencial fuertemente erosionada.

Se dirá, con razón, que sobre sus espaldas pesan la crisis heredada, la misiadura que agravó la pandemia, una pobreza en niveles dramáticos, entre un largo etcétera. Y en el centro de esa innumerable lista de problemáticas argentinas, la figura ciclópea de Cristina Kirchner orbitando con asombrosa supremacía. Para advertir lo presumido: Alberto tiene el gobierno, pero es ella quien parece detentar el poder.

El último signo de esa latente tensión lo vimos hace horas, cuando los senadores que responden a la vicepresidenta en la Cámara Alta impusieron sustanciales modificaciones a la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsa el Ejecutivo y el Presidente no tuvo más remedio que avalarlas.

Los evidentes tironeos entre los inquilinos de la Casa Rosada se renuevan, a su vez, en medio de un vendaval de críticas a la primigenia intención oficial de pagar el 5 por ciento de aumento de diciembre a cuenta de futuras subas.

Ya no será así: “Los senadores me propusieron cambiar el empalme, con lo cual se regresará a la fórmula original de Cristina en su integridad, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal según sea el más alto”, admitió ayer el jefe de Estado. Y en su defensa ensayó que la idea de volver “a la fórmula original” de la expresidenta no fue de ella, sino de él, del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta.

Justamente Raverta es quien días atrás anunció los detalles de esa inexplicable quita, cuestionada aún en corrillos oficiales, pesarosos por tener que defender lo que el ala más dura del kirchnerismo tanto combatió en los años de Mauricio Macri. Pero los legisladores de Cristina, que parece mover sus barajas como en un eterno solitario, no solo decidieron que el 5 por ciento de diciembre no sea tomado a cuenta de futuros incrementos, sino también que el año próximo haya cuatro aumentos trimestrales, en lugar de dos semestrales, como se preveía. Así, al igual que lo establecía la ley 27.426 aprobada a fines de 2017 (y los decretos presidenciales aplicados este año), las actualizaciones se darían en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Con estas modificaciones, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el Senado, aunque para su aprobación antes deberá pasar por la Cámara de Diputados.

La jugada puede ahorrarle al oficialismo argucias argumentativas para explicar la incómoda poda inicial a unas jubilaciones ya esmirriadas: el aumento acumulado de 2020 se calcula en un 35,3 por ciento, por encima de la inflación, pero por debajo de la movilidad que rigió durante la gestión anterior.

Aunque “volver a la fórmula original de Cristina”, como declaró ayer el Presidente, no solo puede contribuir a esmerilar su autoridad y a cuestionar su poder a la hora de la toma de decisiones. Sino que, de mínima, también redundará en un mayor costo fiscal que deberá ser explicado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene bajo la lupa el gasto público de la Argentina.

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Y sin embargo busca el Gobierno desandar el camino de regreso al cálculo jubilatorio que impulsó Cristina durante su presidencia y que más tarde fue derogado por Macri, tras una recordada sesión que incluyó aciagos episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso.

Otra vez, las polémicas arrecian sobre la nueva reforma, resistida por la oposición, ya cuestionada por sectores del oficialismo y mientras el FMI presiona sobre el gasto público. Voces que, según consideran los analistas, suenan débiles ante la potente estridencia de la vicepresidenta.