Silencio oficial y la mira puesta en la actuación de la Justicia

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

Los gobiernos nacional y bonaerense siguieron ayer con extrema precaución la multitudinaria marcha en el Congreso para repudiar el asesinato de Fernando Báez Sosa. Tanto en la Casa Rosada como en la Gobernación optaron por el silencio prudente frente al dolor de la familia por la pérdida del joven de 18 años, en un crimen que tocó una fibra íntima en la sociedad argentina.

La actitud que adoptaron tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios se habría debido a que en ambas administraciones catalogaron la muerte de Fernando como un caso de violencia antes que de inseguridad, aunque en la Provincia provocó alguna inquietud ya que el ministro Sergio Berni estuvo en Villa Gesell a las 24 horas del hecho.

En aquella reacción inicial, el Gobierno bonaerense intensificó la presencia policial y prohibió la venta de alcohol en las playas, pero con el correr de los días -ayer se cumplió un mes de la muerte - las autoridades se fueron despegando de las implicancias del hecho. Ganaron protagonismo entonces los funcionarios judiciales que se hicieron cargo de la investigación.

Aunque no se pronunciaron en público, fuentes del Gobierno bonaerense señalaron a EL DIA: “Nosotros seguimos reclamando que la Justicia sea estricta y aplique una justicia contundente”. En la misma línea, los voceros afirmaron: “Claro que entendemos y compartimos el dolor de la familia. No podemos ni imaginar lo duro que fue este mes para ellos”.

En el cálculo del poder político pudo haber primado la idea de que el repudio social está direccionado hacia el grupo de jóvenes que atacó y mató a Fernando, antes que en un cuestionamiento a la ausencia de las fuerzas de seguridad en el lugar. Muy distinto fue el escenario tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004.

Las marchas que encabezó entonces su padre, Juan Carlos Blumberg, fueron tan masivas que impactaron claramente en la clase política -gobernaba Néstor Kirchner y su jefe de Gabinete era Alberto Fernández- e influyeron en el endurecimiento del Código Penal.

Entre los miles de manifestantes que se congregaron a las puertas del Congreso y en distintas ciudades del país -como aquí en La Plata- se vinculó a la violencia que se registra en la sociedad con el alcohol y las drogas, con lo cual podría interpretarse que un relajamiento en los controles por parte del Estado puede generar un caldo de cultivo para que se propague la violencia.

Como las marchas no tuvieron una clara direccionalidad política, porque el asesinato de Fernando conmovió a toda la sociedad, la que se involucró directamente fue la Iglesia católica, por medio de una misa que ofició en Villa Gesell el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, y a través de una carta que envió de puño y letra el Papa Francisco.