Una emergencia todavía con enormes desafíos

Ricardo Rosales

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La administración de Alberto Fernández se habría adelantado con presteza a la pandemia mundial, imponiendo una cuarentena general y ganando tiempo para adecuar la estructura sanitaria del país, pero en el terreno económico continúa a la deriva, sin definir un programa de emergencia que atienda los enormes desafíos que origina el cierre de los sectores productivos, la caída vertical de los recursos estatales y de los ingresos de la población. Las decisiones de los distintos responsables de las áreas económicas, Matías Kulfas de Producción, Martín Guzmán de Economía, Miguel Pesce del Banco Central, Marcó del Pont de AFIP o Alejandro Vanoli de la Anses, se presentan como sesgadas e insuficientes para enfrentar la crisis de una magnitud sin precedentes.

La situación financiera de las provincias y los municipios ha abierto la puerta al regreso de las cuasimonedas, opción que se conversa en el más alto nivel político. La presión de gobernadores e intendentes hizo dar un giro de 180 grados al Presidente que en un inicio, prometió un auxilio de 6.000 millones de pesos a los gobernadores y que pronto tuvo que llevar a 120.000 millones. Igualmente con estos fondos adicionales que daría la Nación, no alcanzarían para cubrir los sueldos de esas administraciones en abril y mayo. Según distintas estimaciones, el desplome de ingresos de las provincias y municipios sería entre 140/180 mil millones de pesos en este mes. Los adelantos de fondos que daría la Rosada con garantía de la coparticipación serían del orden de los 40.000 millones este mes y el próximo.

De allí que la situación de liquidez no alcanzaría, incluso con algunos anuncios de provincias y municipios de que pagarían los sueldos en cuotas y el lanzamiento de bonos para proveedores. Córdoba fue el primero en lanzar esos bonos, que son transferibles y se pueden abonar tributos provinciales. Una parte de los economistas los considera adecuado para la coyuntura actual. Sin embargo, surge la tentación de ser un primer paso en la dirección de usar otros bonos para pagar sueldos. El origen de las cuasimonedas en el 2001 tuvo motivo en la ley de convertibilidad, que prohibía emitir, rigidez que ya no existe. Más ordenado y razonable sería un salvataje de la Nación con un compromiso simultáneo de bajar los gastos en esas administraciones, incluso de los sueldos de los agentes estatales, en correlato con lo que ocurre en el sector privado.

El escenario de iliquidez se presenta con mayor dramatismo en la mayoría de las Pymes. Una parte de estas empresas podrían afrontar parcialmente los sueldos de sus trabajadores en abril, y otra directamente no podrían hacerlo. Los auxilios propuestos por el gobiernos han resultado insuficientes y en alto grado inviables. Las líneas de crédito que debiera aportar el sector bancario se enfrenta a cuestiones insalvables en la actual crisis. Una mayoría no ofrece las garantías que establece la normativa del Banco Central y otra directamente no tiene acceso al sistema bancario. El gobierno decidió fortalecer los fondos de las Sociedades de Garantías Recíprocas, que permitirían resolver este aspecto de solvencia. Pero el aporte llegaría a 30.000 millones de pesos, una suma muy inferior a los 70.000 millones que solicitan los bancos.

Adicional a esto, los créditos tienen un costo financiero que sería la mitad de la inflación actual, pero igual serían insostenibles si las Pymes que las solicitan tienen actividad cero. Por el momento, la única medida efectiva es la postergación de los aportes previsionales de los trabajadores por el lapso de dos meses y el sistema de REPRO, que igualmente no parece flexible en la actual coyuntura. En estas semanas, el gobierno no está pensando en medidas de salvataje para el resto de las empresas y tampoco en un diferimiento de impuestos. Establecer medidas generales para todas las empresas y trasladar los vencimientos tributarios parece la opción más razonable en esta etapa, en especial para las unidades productivas que no tuvieron actividad. Las empresas que funcionan con mayor normalidad, como las de alimentos, no necesitarían ese tipo de auxilio, aunque el panorama no es similar en todos los casos.

La caída de la actividad productiva durante la cuarentena estaría en marzo en el orden del 40% según OJF. Pero esta baja no es igual para todos. Hotelería, turismo, construcción y otros sectores tendrían cero ingreso, mientras que el consumo de energía se habría reducido sustancialmente, en el caso de las empresas en alrededor del 37% y las de alimentos en una proporción mucho menos. Un objetivo clave del Estado para el futuro, debiera ser mantener las unidades productivas vivas, aún con una mínima o nula actividad, a fin de que una reactivación pueda ser rápida una vez sea superada la fase mas dura de la cuarentena. Y para eso el gobierno debiera establecer un programa de incentivos y corrimiento de los vencimientos impositivos. Caso contrario, la crisis actual podría desembocar en el cierre de decena de miles de empresas.

En cuanto a la emisión, hoy es la única opción que tiene el Gobierno de afrontar la cantidad de compromisos que desató la crisis. El crédito está cerrado, con lo cual sus posibilidades de financiarse están descartadas. La base monetaria probablemente esté aumentando a una tasa del 100 por ciento comparativamente con el año anterior. Con lo cual, habrá una aceleración inflacionaria de una magnitud que dependerá de las próximas decisiones que adopte la administración de Fernández.