Un teléfono tan “peligroso” como los disparos de un FAL

Mientras en La Granja se va disipando el miedo por los daños que podría haber generado el FAL -un arma diseñada para el campo de batalla- en manos de un prófugo arrinconado por policías, en Tribunales crecía ayer el interés por la apertura del teléfono celular secuestrado a Cristian Martínez Gambini (35), el hombre a quien se acusa por dos asaltos resonantes en la Región y se lo asocia con una banda a la que se adjudica una interminable lista de delitos ocurridos en los últimos meses.

La lista de deudas con la Ley, puso nuevamente ayer al detenido a dar cuentas en Tribunales. En esta oportunidad fue ante Marcelo Martini (UFI Nº3), el fiscal penal en turno, a cargo de las actuaciones iniciadas tras el operativo de detención realizado en la noche del viernes por policías de La Unión y otras dependencias. El imputado se mantuvo en silencio.

El sábado, Martínez Gambini tampoco habló ante los fiscales Marcelo Romero (UFI Nº 6) y Álvaro Garganta (UFI Nº 11), quienes lo citaron para que diera explicaciones sobre las acusaciones que le realizan con respecto al crimen de Fernando Cousté en un departamento de Altos de San Lorenzo -en 2015- y un asalto a una familia en 29 entre 32 y 33 -en enero-.

La negativa a declarar está dentro de los márgenes previstos para la danza en un expediente. Según confiaron fuentes policiales y judiciales vinculadas con las investigaciones, desde la medianoche del viernes, buena parte del interés está puesta en la decisión que tome Martini con respecto al teléfono celular que le incautaron al detenido tras reducirlo a tiros (en una pierna y un glúteo) en 143 entre 520 y 521.

“Parece que es más importante el teléfono que el dueño”. La humorada de la fuente de los Tribunales se podría apoyar con otro dato surgido del interior de la pesquisa: el viernes por la noche, cuando cayó Martínez Gambini, se hizo circular una foto en la que se veía el perfil de dos aparatos, sostenidos por una mano junto a un cargador de FAL. En otra mano, había dos balas del fusil con el que, según la Policía, el hombre buscado intentó repeler a los policías.

La fuente consultada en la Justicia indicó que el fiscal Martini todavía no tomó una decisión con respecto a la realización de un peritaje al aparato.

Es probable que no avance, porque ayer declinó su competencia en la causa. Le pidió al juez de garantías Eduardo Silva Pelossi, que envíe el expediente por la detención (le imputa delitos de resistencia a la autoridad, tenencia ilegal y abuso de arma de guerra) a los fiscales Romero o Garganta. Argumentó que en esas fiscalías se trabaja con las causas de los pedidos de detención que desencadenaron el incidente del viernes y son presuntos delitos más graves que los que se les imputa ahora.

Los investigadores coincidían ayer en que las comunicaciones sostenidas por Martínez Gambini podrían abrir una “caja de Pandora” sobre varios aspectos de los cuestionamientos que le realiza la Justicia. Por un lado, lo referido a los delitos por los que se lo acusa. Por otro, con respecto al periodo de dos meses y medio en los que logró mantenerse fuera del alcance de la Policía, que los buscaba con una orden de detención. Ahí, aparece la sombra de la connivencia policial y judicial.

Las fuentes advirtieron sobre la importancia de mirar los llamados, mensajes y la lista de contactos que hay en ese teléfono.

Ese pedido salió a mediados de febrero, junto con otra orden a nombre de Marcelo “Tete” Arévalo. El fiscal Garganta sospecha que ambos tienen responsabilidad con el caso de La Loma, donde se concretó un robo de 190 mil pesos y 30 mil dólares. También les puso la lupa por su posible vínculo con decenas de entraderas y asaltos registrados en los últimos meses en La Plata, Berisso y Ensenada.

Por esos días, sonaba con insistencia la marca de la “Tetebanda”. Arévalo tiene un registro de “58 causas penales en el departamento judicial de La Plata, por “robos agravados, coacciones agravadas, violencia de género, amenazas con armas de fuego hacia efectivos policiales y homicidio”, según informó una fuente de Tribunales.

Pero esta vez, la Cámara de Apelaciones acompañó una apelación de su defensa contra la orden de detención y lo excluyó de la causa.

Garganta había planteado que Martínez Gambini y Areválo tenían un vínculo de proximidad en el mundo del delito.

Como prueba de eso había ofrecido la declaración de una vecina de City Bell, cuya vivienda fue allanada a principios de febrero en una causa a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Se incautaron allí, armas, chalecos antibala y elementos presumiblemente robados.

La mujer dijo que todo eso estaba en su casa por su pareja (un hombre preso en esos días), quien tenía vínculos con la “Tetebanda”.

Esa causa se había iniciado con un procedimiento a instancias de una denuncia del dueño de la vivienda, preocupado porque los inquilinos nos daban señales tras la finalización del contrato.

La inquilina había abierto la puerta “de par en par” al ver a los policías: también dijo que su pareja y sus presuntos cómplices se movían con apoyo de policías de dos comisarías del casco urbano y la zona norte de La Plata.

Según fuentes de la Policía y la Justicia, ese procedimiento fue cuestionado en la Justicia. El testigo de la actuación habría denunciado que nada de lo que lleva su firma fue lo que vio en aquella jornada. La presentación generó una denuncia ante la Auditoría General de Asuntos Internos en la que se mencionan delitos de falsedad ideológica de acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal, calumnias e injurias.

La agenda y los mensajes podrían aportar sobre los robos y también sobre connivencia