Autocultivo: avance en los Tribunales y debate abierto

En enero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) “recomendó” a los mandatarios de todos los países de eliminar el cannabis y la resina de cannabis de la Lista IV de la Convención Única sobre Estupefaciente y situarlo en uno menos restrictivo, la Agenda I. La lista IV está formada por compuestos denominados como dañinos para la salud y sin valor medicinal.

Tras nuevos estudios la OMS entendió que ciertos preparados de cannabis poseen un “potencial terapéutico” para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia, el tratamiento del dolor y otras afecciones asociadas con la esclerosis múltiple.

Entre 2016 y 2019, la Justicia Federal argentina falló a favor de más de 20 casos por el uso de cannabis medicinal. El entonces defensor oficial de la Defensoría General de la Nación, Nicolás Laino, expresaba que por no contemplar el uso del aceite de cannabis para otras patologías o “para tratamientos paliativos” la legislación pone a muchos pacientes “en un dilema: la salud o la cárcel”. Así, contó que “cada vez son más las personas que se acercan a las defensorías para pedir que intercedan ante el ANMAT”.

Para el abogado platense e integrante del Colegio de Abogados (CALP) Miguel Ángel Molina, “la denominada ley de estupefacientes es inapropiada para la época, se trata de una ley penal en blanco que se actualizó muy pocas veces desde el año 1989 y cuyo bien Jurídico tutelado es la salud pública”. Aborda desde “la tenencia destinada a coqueo” –más allá de no considerarla tenencia- hasta la tenencia con fines de comercialización.

En ese marco, Molina entiende que “es importante examinar qué ocurre cuando el consumo no resulta nocivo, sino por el contrario, es terapéutico y por ende no existe afectación a la salud pública como bien jurídico protegido. Qué ocurre con la tenencia de plantas para extracción de aceite, cuáles son las dificultades, presupuestos de justificaciones de grandes cantidades en relación al orden, selección de variedad y calidad como así también las fallas del proceso”.

Esa misma línea interpretó el juez de Ejecución Penal de La Plata, Raúl Dalto, mediante su voto en el fallo dictado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata en la causa que afrontaba Damián Raña (28), detenido en junio del año pasado tras un allanamiento en su casa donde la Policía halló gran cantidad de marihuana. El joven estuvo preso por seis meses por “tenencia de estupefacientes y cultivo para su comercialización”, hasta el cambio del encuadre legal a “tenencia para consumo”.

En diálogo con este diario, Dalto manifestó que “leí mucho para ese fallo y lo que puedo decir es que me conmovió todo el material que encontré respecto a los tratamientos con aceite de cannabis. Por eso, mi voto lo justifiqué desde esa nueva perspectiva”.

En efecto, su dictamen explicaba que “no soy ajeno a que en los últimos años se ha observado un creciente interés médico (pero especialmente, de pacientes y de sus familiares, y organizaciones no profesionales), en el potencial terapéutico de derivados o productos del cannabis como analgésico (en caso de dolor crónico neuropático), como antiemético (náuseas y vómitos postquimioterapia), como anticonvulsivante/antiepiléptico (en epilepsia refractaria), y como orexígeno (en pacientes con HIV/SIDA y cáncer). [...] Este interés conllevó a un amplio y extenso debate sobre su real utilidad terapéutica, frente a la importante promoción de su uso manifestada por distintas asociaciones no profesionales de pacientes para el uso de preparados de dicha planta (por ejemplo: aceites de cannabis)”. Y continuó: “La salud -destacó- es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”.

En este contexto, el Colegio de Abogados de La Plata (CALP), la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata, realizarán un debate virtual sobre los “aspectos legales, médicos, políticos, sociales y jurisprudenciales del cannabis”.

El encuentro, que se llevará a cabo este miércoles 12, a las 17, contará con la exposición de letrados, funcionarios provinciales y municipales, magistrados y bioquímicos.

“Desde el Instituto de Derecho Procesal del CALP, nos interesa abordar la temática y las dificultades que ofrece la ley 23.737 en relación al autocultivo y producción de aceite de cannabis con fines terapéuticos”, indicó Molina, vice director de ese instituto.

Para eso, convocaron a instituciones que trabajan sobre la problemática y con expositores como Victoria Baca Paunero (Defensora Oficial – Diplomada en Política de Drogas, Salud y DDHH en México), Victoria Palomino (Defensora Oficial), Patricio de Urraza (doctor en Ciencias Bioquímicas) y Aramis Lascano (coordinador de Litigio Estratégico de Reset-Politica de Drogas y Derechos Humanos). El objetivo, es “realizar un análisis integral del cambio de paradigma que se viene dando en este sentido sobre todo a la luz de la Ley 27.350 (2017)”, explicó Molina.

ALENTAR LA INVESTIGACIÓN

En tanto, el Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, dio detalles en forma reciente sobre el proceso encarado desde diciembre pasado y que culminó con la elaboración de una propuesta para una nueva reglamentación de la Ley 27.350. Con la medida se busca aumentar la producción y facilitar el acceso de este tipo de tratamientos.

Fuentes oficiales revelaron que “en el debate se trabajó sobre puntos calificados de ‘controversiales’ y en cómo alentar a la investigación clínica, pre clínica y epidemiológica y la convocatoria a la producción a través de la red de laboratorios públicos”.

La calidad del aceite será evaluada por las universidades, las cuales “a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso”.