Una ley que impide los desalojos, en medio de una polémica por usurpaciones

Una ley provincial impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y votada en la Legislatura en marzo pasado por el oficialismo y Cambiemos quedó en el centro de la polémica por las usurpaciones y tomas de terrenos, un fenómeno que se disparó en el Conurbano y La Plata en los últimos meses, durante la vigencia de la cuarentena.

La ley en cuestión, la 15.172, suspende las ejecuciones hipotecarias y desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el 30 de septiembre de este año en casos de viviendas con destino familiar y en aquellos que contemplen “a un grupo de personas que puedan estar en situación de calle”. Pero dueños de terrenos usurpados dicen que, por una interpretación libre, se está usando por un sector de la Justicia para no actuar ante las tomas de tierras, que constituyen un delito penado por el Código.

En concreto, la norma prohíbe los “lanzamientos”, como se denomina en la legislación a los procesos de desalojo para un conjunto de casos. “Suspéndanse, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre del corriente año toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales”, dice el texto de la ley.

“Claramente lo que buscó la ley es reducir el problema de conflictividad social, sobre todo para los inquilinos o quienes eran tenedores de créditos hipotecarios UVA. O para los que tienen una ocupación pacífica de hace años. No para que no se actúe ante un delito, como una usurpación”, explica el senador de Juntos por el Cambio Andrés De Leo.

Según dueños de terrenos y parcelas usurpadas ilegalmente, la interpretación de esa ley estaría frenando procesos de desalojos. En los hechos, dicen, la norma sirve como principal respaldo a presentaciones que se vienen realizando para frenar desalojos en hectáreas ocupadas. Eso, a partir de una controvertida interpretación del texto, según la cual la prohibición de desalojos debe incluir además a los casos de usurpaciones que se produjeron después de sancionada.

“Nos deja con las manos atadas. La Justicia tiene que frenar desalojos a partir de presentaciones que se hacen en ese sentido, que dan una interpretación errónea a la ley”, dice el propietario de un terreno tomado en el sur del Gran Buenos Aires que pide mantener su nombre en reserva.

CUARENTENA

Los que siguen de cerca el fenómeno dicen que las tomas de tierras se dispararon durante la cuarentena, con casos reiterados en La Plata, Guernica, Moreno, La Matanza y Merlo. Según fuentes judiciales, en el Departamento Judicial de Moreno, por caso, habría más de 60 desalojos en curso que ahora podrían quedar jaqueados por planteos en base a la aplicación de esta ley sancionada por la Legislatura en marzo.

“Según esta interpretación, solamente se puede frenar una usurpación si la Policía actúa en el momento exacto de la toma. De otra forma, no pueden hacer nada porque los ‘lanzamientos’ están suspendidos por esta ley”, agrega el propietario de 5 hectáreas ocupadas hace apenas quince días a pocos kilómetros de La Plata, en el partido de Presidente Perón.

El dueño del terreno viene dando pelea en la Justicia para lograr que se disponga el desalojo, de acuerdo al protocolo que dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia el año pasado para los “lanzamientos”, como se los denomina judicialmente, con el objetivo de que se respeten estándares internacionales de derechos humanos y se minimice el impacto sobe todo en los niños y menores de edad.

La Justicia, explica, había dispuesto para el desalojo de los ocupantes para fines de este mes. Pero ahora todo está suspendido a partir de presentaciones que se hicieron en el Juzgado invocando esta ley, según dice, con respaldo de abogados de organizaciones políticas y organismos públicos.

LEY ACLARATORIA

La controversia viene generando fuertes repercusiones políticas. Desde la oposición, que acompañó con su voto el proyecto en marzo pasado, dicen que esa interpretación no estaba en el espíritu de la ley. Incluso, ahora presentaron un proyecto “aclaratorio”, con la firma del platense Daniel Lipovetzky, detallando que la suspensión debe regir solo para las ejecuciones que hayan sido iniciadas antes de la entrada en vigencia de aquella norma, en marzo pasado.

Desde Juntos por el Cambio salieron en bloque ayer a tomar distancia y aclarar que hay una “mala interpretación” de la ley que esos bloques votaron. “La ley que nosotros apoyamos busca cuidar a los que tomaron un crédito o son inquilinos. Bajo ningún concepto podemos avalar las tomas, en las que el único objetivo es lucrar con familias humildes”, dijo el diputado vidalista Alex Campbell.

“Algunos actores de la Justicia buscan refugiarse en una norma de emergencia temporaria para justificar la falta de decisión para hacer cumplir la ley”, dijo por su parte el senador Juan Pablo Allan, de Juntos por el Cambio.

“Si hay orden de lanzamiento y se cumple con el protocolo de la Corte, no hay excusas para no restablecer el derecho a la propiedad”, afirmó.