La protesta del “#17A” y los reclamos de un sector de la sociedad

Osvaldo Dameno

Abogado

Pasado el “#17A” gran parte de los análisis se ocupan de desentrañar cuales fueron los principales reclamos de la gente en la calle y el porqué de tales demandas. Desde las esferas oficiales se argumenta que el amplio abanico de reivindicaciones impide otorgar un status político unívoco a la movilización, sin tomar en cuenta la cantidad de chicanas, y descalificaciones lanzadas desde distintos niveles oficiales, aún del más alto.

Hagamos un esfuerzo analítico y racional para intentar encontrar claridad. Vemos publicada una carta abierta de un comerciante platense a un ladrón, en la que le agradece que en el robo no haya asesinado a su hermana. Una realidad cruda y dura de nuestro día a día. Hemos naturalizado la tragedia y sentimos alivio si las consecuencias de un delito no han sido fatales. Es difícil no relacionar el crecimiento de los delitos con la liberación de presos producida a inicios de la pandemia, y que lleva a pensar que ha contribuido a la violencia en los robos en la calle, en las casas, en los automotores.

La cuestión de la toma de tierras causa gran preocupación. Se esgrime que una reciente ley provincial (15.172) anula las posibilidades de actuación policial y judicial. Ello no es así. La norma fue dictada para posponer los lanzamientos de inquilinos, por la mala situación económica y no para estos casos. Como un hecho significativo hay que mencionar una noticia publicada que da cuenta de supuestas gestiones realizadas por Máximo Kirchner ante el Presidente, quejándose de funcionarios nacionales (Chino Navarro y Emilio Pérsico) por las tomas de tierras intentadas en territorio de Quilmes, cuya Intendente (Mayra Mendoza) pertenece a la Cámpora. ¿Sugieren estas relaciones la idea de una eventual responsabilidad oficial por dichas tomas?

Un tema oscuro y difícil es el episodio que involucra a Facundo Astudillo que envuelve a la institución policial y requiere una solución que nos lleve a la verdad.

En todos estos hechos, heterogéneos, hay un hilo conductor. Para un sector de la sociedad, el Estado no ha respondido a las expectativas. No controla la violencia delictiva, tampoco las usurpaciones, ni el funcionamiento de la policía.

Otro aspecto que el “#17A” puso en foco es la reforma judicial en la que desde al menos un sector político se ve una excusa para promover supuestas impunidades. Argumentan que, tras ese fin, se acumulan hechos, como las libertades de más de una decena de ex funcionarios kirchneristas, la rebaja en la fianza a Lázaro Báez, la apertura de casinos sureños que benefician a Cristóbal López, subsidio y plan de pagos, que licúa la imputación penal en su contra-, el funcionamiento de una comisión del Senado que anunció que se firmó un dictamen de mayoría sobre el traslado de jueces, el intento de cambio de consejeros para lograr el enjuiciamiento y destitución del procurador general. Esos, a priori, podrían ser considerados como hechos, en serio. Y comprometen la vocación de combatir la corrupción.

Podemos agregar la arbitrariedad que sufren los jubilados, las denuncias de atropello en bloqueos a empresas, sobre los cuales tampoco es clara la intención gubernamental.

Como conclusión, la marcha de un sector de la sociedad, ha interpelado al gobierno con un único reclamo. Los que sumaron a ella le reclaman al Gobierno que restaure la confianza. Ha perdido la confianza de una gran parte de la población, sectores medios, jubilados, vecinos angustiados, trabajadores que no están en la agenda oficial, o que hoy no pueden trabajar, comerciantes, propietarios de pymes, cuentapropistas etc.

Todos ellos necesitan claramente que se explicite un compromiso contra la violencia, contra la impunidad, contra la corrupción, contra las arbitrariedades. Y sobre todo respeto a las instituciones, a la Constitución y a las leyes. Pero ésta vez hablemos en serio.

“El sector social que se sumó a la protesta le reclamó al Gobierno que asuma un compromiso de respeto a las instituciones”