Designan a dos fiscales para sumarse a la causa de Facundo Astudillo Castro

La Procuración General de la Nación designó ayer a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

En una resolución firmada ayer, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa. Eso decidió Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez.

El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo “un trato humano” para con ella.

En el escrito de denuncia, Castro dijo que el fiscal Ulpiano Martínez “estaba filtrando información” y que “toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a dos medios de comunicación de Bahía Blanca.

“Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía”, dijo Cristina Castro, quien agregó que “el fiscal es el mejor abogado de los policías” supuestamente involucrados en la causa. En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que “en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin”, cuyo jefe fue designado ayer.

La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, que lo consideró “improcedente”.