Dos jueces objetados por el oficialismo fueron a la Justicia para frenar su desplazamiento

Se trata de los magistrados que integran la Sala I de la Cámara Federal, por donde pasan algunas de las causas de corrupción que involucran a funcionarios

Dos de los jueces objetados por el oficialismo por haber sido trasladados desde el ámbito en el que estaban a la Cámara Federal presentaron un pedido para que se declare nula la resolución del Consejo de la Magistratura que votó a favor de esa revisión.

Se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, quienes en 2018 fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº4 a la Cámara. Ambos magistrados presentaron una medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo solicitando se declare nula la resolución que objeta sus traslados y pide al Poder Ejecutivo y al Senado revisen la situación.

"En carácter de jueces federales, la Constitución Nacional nos confiere la garantía de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones", argumentaron los jueces.

Bruglia y Bertuzzi consideran que sus traslados están "firmes y consentidos", con derechos adquiridos y que el Consejo de la Magistratura no cuenta con las facultades para revisar su situación. Y fundamentan su postura en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de 2018 en la que se afirma que los traslados en el marco de la misma competencia (sería entre tribunales federales) no requieren de la intervención del Senado.

Además de Bruglia y Bertuzzi, en una ajustadísima votación que se resolvió 7 a 6 con el voto de la ex massista Graciela Camaño acompañando al kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura objetó los traslados Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Skanata.

Bruglia y Bertuzzi son figuras clave ya que por sus manos pasan muchas de las causas por corrupción que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, mientras que Castelli integra el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº7, que tiene bajo su órbita la causa de los cuadernos en la que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

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