El último día de enero vencerá el decreto que dispuso el congelamiento de los precios de alquileres. La disposición establece que hasta el 31 de enero de 2021 los inquilinos tienen la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y además suspende los desalojos por falta de pago.

Frente al vencimiento, y a la gran preocupación que expresaron los inquilinos, la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat evalúan por estas horas extender el decreto al menos por dos meses más.

Mientras, según trascendió, lo que no tendría otra prorroga es el congelamiento para los hipotecados con crédito UVA. Desde febrero el Gobierno plantearía que los deudores adhieran a un plan de convergencia para retomar el pago de las cuotas.

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia.

El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020, aunque luego un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

Lo cierto es que una vez caducado el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en al menos tres y hasta un máximo de seis cuotas las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos.

En la última prorroga, en los considerandos del decreto se explicaba que la medida había sido tomada para evitar el “agravamiento de la problemática respecto de la vivienda”, ante la caída de los ingresos por la merma de la actividad.

El decreto que aún está vigente, vale aclarar, no suspendió el pago de alquileres, por lo que en estos meses se acumuló una deuda que se deberá saldar al final del congelamiento. De esta forma, los propietarios podrán aplicar intereses compensatorios, pero no punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

En las últimas horas se expresaron los “Inquilinos Agrupados”, quien se mostraron preocupados por la situación frente a que el Gobierno no extienda el congelamiento o lo realice sólo por un mes.

“Extender el decreto solo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas. A más de seis meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos”, señaló Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados.

Incluso es posible que la entidad convoque por estos día a Plaza de Mayo para reclamar por un plazo más largo de extensión de la medida.

Según datos de la Federación de Inquilinos, las familias destinan más del 50 por ciento de los ingresos para el pago de la renta. En la última encuesta realizada en diciembre, un 40 por ciento declaró que no pudo pagar o lo hizo parcialmente. Además, hay un 40,8 por ciento que tiene al menos un mes atrasado. Mientras tanto, en uno de los años con mayor recesión económica, los alquileres subieron 62 por ciento, casi el doble que la inflación, lo que significó el mayor incremento en nueve años, según datos de ZonaProp para la Ciudad de Buenos Aires.

A quienes se les hubiera terminado el contrato en estos meses, se les prorroga automáticamente, con el mismo valor. Los contratos alcanzados por los últimos dos decretos fueron para inmuebles, pero también para habitaciones destinadas a viviendas en pensiones u hoteles. Además, aplicaba para alquileres de inmuebles utilizados por monotributistas, autónomos, pymes, cooperativas y para actividades culturales/comunitarias.

inquietud en inmobiliarias

Por su parte, el sector inmobiliario también se mostraron a la expectativa ya que “vemos con preocupación las diversas medidas oficiales que dificultan el normal funcionamiento del sector y reafirmamos nuestra postura a favor de la libertad de mercado”.

Los operadores locales ya habían expresado su preocupación. Mirta Líbera, al frente de una inmobiliaria platense, había advertido que “la ampliación de las medidas extraordinarias transitorias pueden generar disconformidad de los que consideren que sus derechos han sido vulnerados”, al entender que el esfuerzo no es siempre repartido.