El Gobierno extenderá el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos

Finalmente el Gobierno nacional decidió ayer extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos, informaron fuentes oficiales. La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el próximo 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La decisión genera incertidumbre en el sector inmobiliario, desde donde diferentes actores habían manifestado ya su preocupación por el impacto de una decisión que interviene de forma masiva en el funcionamiento de un mercado muy heterogéneo.

La nueva resolución será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana y en ella se establecerá también la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

Esta será la tercera oportunidad en la que el Gobierno extiende los plazos de vencimiento del congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos y prórroga de contratos.

El primer decreto -320/2020- fue publicado en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2020, antes incluso de que se decretarán las medidas de aislamiento, con vencimiento previsto para el 30 de septiembre.

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Antes de que opere el final de ese plazo, a través del decreto 766/2020, el Poder Ejecutivo nuevamente prorrogó el vencimiento, en este caso hasta el 31 de enero.

Ahora, cuando apenas restan diez días para que venza esa prórroga, el Gobierno oficializa nuevamente la decisión de extenderlo hasta el 31 de marzo próximo.

ALCANCES

Los contratos de locación de inmuebles alcanzados por el decreto son los destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares; los destinados a actividades culturales y/o comunitarias; los rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

También están incluidos los alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); y por los por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

La medida vencía el 31 de enero y los inquilinos pedían extenderla por más de dos meses

Los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo acumularán la deuda y se les podrán aplicar intereses compensatorios, pero no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

INCERTIDUMBRE

La medida parece no terminar de conformar a nadie. Es que la prórroga del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fue solicitado por distintas asociaciones que nuclean a inquilinos, los que en algunos casos pidieron incluso que la prórroga vaya más allá de los dos meses fijados por el Gobierno en esta oportunidad. Desde Inquilinos Agrupados consideraron que una extensión por dos meses “es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas en breve”.

La contraparte, que representa a los dueños de los inmuebles también ha explicitado su desacuerdo con la extensión.

En tanto, la martillera Mirta Libera, de la inmobiliaria homónima y presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia, consideró que “en su momento”, cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, “ante una incertidumbre mayor que la de ahora” la “medida que se tomó pareció atinada”. Sin embargo, recordó que ya cuando se prorrogó en octubre “empezó a generar un poco de temor en algunos propietarios”.

La martillera dijo que ante estos escenarios empieza “a generarse la desconfianza de hasta cuándo (va a durar), qué va a pasar” y son más los propietarios que se preguntan “cómo intervienen en mis contrataciones privadas”.

En estos meses desde la Cámara Inmobiliaria se hicieron relevamientos estadísticos de los cuales surgió que, a nivel nacional, los que se adhirieron al DNU fueron entre un 8 y un 10 por ciento, aunque en algunas zonas (CABA, Conurbano) alcanzaba un 15 por ciento. Mientras que un alto porcentaje “superó la dificultad con acuerdos pautados”.

Respecto a los pagos, se indicó que en nuestra región “hay una gran masa de inquilinos que han seguido percibiendo sus haberes -mucha gente que tiene sueldos del Estado- y por eso hay un alto cumplimiento. Diferente es la situación de los trabajadores independientes, de los que tienen que mantener su oficina o su comercio, los que siguieron sosteniendo gastos. Ahí sí tenemos grandes dificultades, que se han ido zanjando con alta voluntad de las partes”.

Al analizar la medida la presidenta de la Cámara Inmobiliaria consideró importante destacar que el universo de locatarios o locadores es bastante heterogénero desde sus posibilidades económicas. “Este DNU abarca a todos los inquilinos y todos los locadores. Tanto a los que tienen un inmueble y tienen alquilado un monoambiente por alguien que paga 7, 8 o 15 o 20 mil pesos, hasta alguien que tiene (inmuebles) en un barrio privado, en Puerto Madero o en algún lugar de altos valores, donde pagan alquileres de $150 mil o $200 mil. Esto abarca a todos”.

A su vez, dijo, también las posibilidades de los locadores son diferentes. “Hay un porcentaje de locadores que tienen espalda. Pero probablemente es muy alto el porcentaje de los locadores que son ahorristas, gente que compró durante su vida activa departamentos o unidades y las ponen en alquiler y eso ayuda en su vida cotidiana”, resaltó.

En ese contexto, Libera consideró que “algo tan masivo y de tanta intervención no era lo deseable. Esto ya está y todos estaremos de acuerdo en que hay que respetarlo y tendremos que seguir gestionando las partes para el que pueda renovar su contrato de buena manera. Pero lo cierto es que tal vez lo deseable, y seguramente un poquito más laborioso, hubiera sido hacer un poco de distinción y no meter todo en la misma bolsa”.

Por eso, apuntó que “lo deseable hubiera sido que se focalizaran las ayudas” en las situaciones que lo ameritan “en lugar de intervenir en todo masivamente”.

Al respecto, se explicó que en otros países hubo alternativas de ayuda puntuales. Por ejemplo, si se demuestra que el inquilino se quedó sin trabajo o que acumuló mucha deuda, le han pagado con un subsidio al locador, de manera que permiten que el inquilino no sea desalojado pero a la vez no abusan de un propietario que pueda estar necesitando esos importes. “Son otros modelos que llevan más tiempo y mucho trabajo”, admitieron.

Desde el sector inmobiliario alertaron que esta decisión generará incertidumbre y habrá propietarios que, o bien retiran el inmueble o bien deciden no ponerlo en alquiler o, de hacerlo, pueden pensar en manejar valores “un poco más altos, por esta sensación de desconfianza”.